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Durante su intervención de la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la declaración del presidente Petro que más acaparó la atención fue su propuesta de implementar un nuevo mecanismo de ‘fast track’ para que el Congreso discuta con mayor celeridad medidas para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz, una propuesta parece ser otro de los “globos” a los que el mandatario nos tiene acostumbrados para desviar la atención de temas más relevantes.
Sin embargo, en paralelo, hubo otra declaración del presidente que no captó tanta atención pero que, al ser analizada, revela mucho sobre su perspectiva del mundo: su solicitud ante los demás países de retirar el “riesgo país” en el endeudamiento de Colombia.
Esta idea no solo muestra la tendencia de Petro a verse como una víctima y a atribuir culpas a terceros, encontrando conspiradores en todos lados, sino que también exhibe su notable desconocimiento de cómo y por qué operan los mercados, no se sabe si por genuina falta de información o por obstinación ideológica.
El “riesgo país” no es una medida arbitraria que un particular le impone a Colombia por capricho o maldad. Es, por el contrario, una medición de la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras que viene de la libre interacción de cientos de miles de actores que, al analizar los riesgos por factores políticos, económicos y sociales que tiene invertir en un país como Colombia, definen cuál es la tasa de interés a la que están dispuestos a prestar dinero a ese país para que compense los riesgos que identifican. Así, un a mayor “riesgo país”, mayor es la tasa que un inversionista demandará para que se justifique invertir en él.
Un ejemplo de estas mediciones para estimar el riesgo país es el Emerging Markets Bonds Index (EMBI), un índice que mide el rendimiento de los bonos emitidos por países en desarrollo en comparación con los bonos de Estados Unidos, una forma de evaluar cuál es el “precio” que los inversionistas le están poniendo a la probabilidad de que un país no pague sus obligaciones. El EMBI de Argentina, famoso por entrar en default con su deuda, es uno de los más altos de toda América, alrededor de 1500 puntos básicos, 1000 puntos básicos por debajo de lo que era antes de la elección de Milei, pero igual significativamente más grande que el EMBI de Chile o Uruguay, dos de los países más estables de la región, cuyo indicador se encuentra en niveles alrededor de 100 puntos básicos.
Que Colombia tenga un EMBI alrededor de 300 puntos básicos no es un castigo arbitrario, sino el reflejo de la probabilidad de impago por parte del estado colombiano que surge de los miles de millones de pesos que se negocian día a día en bonos colombianos en los mercados financieros.
Otra medida para estimar el riesgo país son los Credit Default Swaps (CDS), un instrumento financiero que funciona como un seguro contra el incumplimiento de pago de un bono o deuda de un país. Bajo esta métrica, mientras que históricamente los CDS a 5 años de Colombia se habían comportado de la misma forma que los de un país como Brasil, durante los últimos meses de 2022 se dispararon hasta llegar casi a los 400 puntos básicos, casi el doble que los niveles que se observaban apenas unos meses antes. Y aunque en los últimos meses los CDS del país se han corregido y han comenzado a moverse a la par de otros países de la región, continúan a niveles superiores que los que se ven en Chile, Brasil, México y Perú, mostrando que los inversionistas que estudian al país ven preocupación por nuestra actual situación fiscal y política.
Así las cosas, para cerrar las brechas entre el riesgo país de Colombia y otros países no hay que pedirle el favor a nadie, ya que no hay nadie que esté buscando castigar a Colombia ni que tenga la potestad de, con el hundir de un botón, cambiar la situación.
Por el contrario, lo que hay que hacer es dar las señales adecuadas para que esos cientos de miles de actores que están en los mercados financieros y que están interesados en bonos colombianos vean que el país está en capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras tanto a corto como a largo plazo. Para lograr esto, es fundamental reducir el déficit fiscal, garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas internacionales, mostrar que el poder ejecutivo tiene la intención de respetar la Constitución y los mecanismos establecidos en ella, controlar la inflación y llevar al país hacia un crecimiento económico sostenido y vigoroso.
La solución no está en ir pidiendo favores.