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Los colombianos estamos viendo cómo en los últimos meses el gobierno ha tomado medidas que afectan a los fondos privados de pensiones y de paso a las personas que están próximas a jubilarse o ya se jubilaron en este sistema.
Como la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado de fondo sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso en julio de 2024, el gobierno quiere ponerla en marcha por la puerta de atrás, como está haciendo con la salud, mediante decretos que incluso tienen mayor alcance que lo aprobado en el parlamento.
Es como si Petro quisiera desmontar el régimen privado de pensiones o de ahorro individual, que funciona hace más de 30 años y que compite con el régimen de prima media que administra Colpensiones. Las medidas van desde obligar a los fondos a salir de sus inversiones en el exterior para invertir solo en Colombia, hasta pedirles que en un plazo de 15 días le entreguen a Colpensiones los recursos de los cerca de 120.000 colombianos que se trasladaron de los fondos a la administradora estatal en los últimos meses.
Este último escenario, el de los 120.000 que se pasaron de los privados a Colpensiones, es una decisión incluida en la reforma pensional, se conoce como la “ventana de oportunidad” y gracias a ella las mujeres con 750 semanas cotizadas o más y los hombres con 900 o más, puedan trasladarse a Colpensiones dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la ley.
Sin embargo, el Gobierno se está pasando por alto un detalle de lo que él mismo propuso en el artículo 76 de la reforma pensional: el punto según el cual, los recursos ahorrados por los trabajadores en los fondos privados de pensiones solo se trasladan a Colpensiones en el momento en que se “consolide el derecho pensional”. Es decir, cuando cada persona cumpla los requisitos de edad de pensión y semanas cotizadas y pida su mesada. Antes no.
Como el Gobierno está en plena campaña electoral, existe el temor de que quiera echarles mano ya a 25 billones de pesos de los trabajadores. Ya el país ha sido testigo como en lo que va corrido del 2026 el gobierno ha estado envuelto en escándalos que dejan al menos interrogantes sobre el posible uso de recursos públicos para hacer proselitismo. La Contraloría General llamó la atención por lo que fue una verdadera epidemia de contratos en enero: el gobierno Petro comprometió recursos por un 75% más que lo firmado por el gobierno de Iván Duque en el mismo enero previo a las elecciones de 2022 (un aumento de $5,4 billones a $9,5 billones). A eso se suman denuncias de firma de contratos para publicidad por $70.000 millones asignados a RTVC en vísperas de la ley de garantías, mientras que por las mismas fechas en el anterior gobierno el gasto de publicidad fue de tan solo $1.500 millones.
Tanto Anif, como Asofondos, advirtieron que si el gobierno usa esos recursos dejaría sin recursos suficientes al fondo de ahorro diseñado para financiar las pensiones futuras de los trabajadores que devenguen hasta 2,3 salarios mínimos, como quedó en la reforma pensional. Si estos recursos del fondo se agotan más rápido, la diferencia se tendrá que cubrir después con la plata del presupuesto nacional, es decir, con los impuestos de todos los colombianos.
En otras palabras: si desde antes se ha hablado de la bomba pensional que se avecina, con esta jugada de Petro la explosión podría darse antes y peor.
Ante la explicación, Petro acusó a los fondos privados de no querer trasladar de manera inmediata los ahorros y llamó a los cotizantes a poner tutelas. Parece que al mandatario no le queda claro que no puede manejar esta plata a su antojo. La propia reforma pensional dice claramente en su artículo 11 que “en ningún caso los aportes y cotizaciones de los afiliados y los rendimientos financieros podrán ser utilizados para financiación de planes de gobierno, pago de deuda pública o privada, ser programados o apropiados en las cuentas de ingresos corrientes en el marco del ciclo presupuestal de la nación”.
Aunque el presidente insiste en que no es una expropiación de recursos, esta actuación deja un tufillo de duda y hace recordar lo que pasó en Argentina durante el gobierno de izquierda de Cristina Kirchner, quien le echó mano a millones de dólares de la plata de las pensiones, recursos que se esfumaron.
Los temores no son infundados porque además del traslado de fondos, el Jefe de Estado quiere también obligar a los fondos privados a que liquiden sus inversiones en el exterior para invertir en proyectos en Colombia que no se saben ni siquiera cuáles son.
Y como si fuera poco, también se suma la llamada “cobertura de deslizamiento del salario mínimo” con lo cual el gobierno quiere sacarle el cuerpo a la obligación de girar a los fondos privados recursos por el incremento del salario mínimo, como lo ordena la ley, cuando se decide aumentarlo por encima de la inflación, como ocurrió con el 23,7% aprobado para el 2026. Este incremento tendrá un alto costo para quienes aspiren a pensionarse en los fondos con un salario mínimo ya que el capital exigido sube de 350 a 550 millones de pesos, lo que lleva a que tendrán que cotizar más años.
Por eso no es de extrañar que todas las alertas estén encendidas en el sector.