El mundo católico, una comunidad con más de mil trescientos millones de feligreses en el mundo, recibió un ansiado documento: se trata de la nueva Constitución apostólica, Praedicate Evangelium, que reforma el gobierno de la Iglesia y su servicio en todos los países. Han pasado ya casi treinta y cinco años desde cuando se promulgó la anterior Constitución, la Pastos Bonus, publicada por Juan Pablo II en 1988 y con la cual se ha guiado el Vaticano hasta hoy.
De entre los muchos aspectos que contempla este documento de cincuenta y cuatro páginas, y que entrará en vigor a partir del 5 de junio, hay dos muy importantes que tienen que ver con la protección de los menores como parte de la estructura de gobierno y el acceso de las mujeres a altos cargos de responsabilidad en el Vaticano.
En el tema de la protección de los menores de edad y de las personas vulnerables hay medidas concretas. Las dolorosas denuncias y acusaciones que a lo largo de las últimas décadas se han hecho públicas, en las que miles de personas en diferentes lugares del mundo han narrado terribles casos de abuso por parte de miembros de la Iglesia, han conducido a un cambio importante.
El cardenal O’Malley, arzobispo de Boston y presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, explicó que el papa Francisco “ha hecho de la salvaguarda y protección de los menores una parte fundamental de la estructura del gobierno central de la Iglesia: la Curia Romana”. Y para ello se creó un órgano separado que contará con acceso directo al pontífice, así como también tendrá su propia dirección y personal. Se independiza así la función doctrinal de la actividad disciplinaria. El objetivo: proteger a los niños.
Otro aspecto por destacar es que se abre la posibilidad para que las mujeres presidan ministerios vaticanos. El papa enfatiza que cualquier fiel bautizado puede liderarlos si está debidamente cualificado. No hay distinción entre hombres y mujeres. Estos cargos, cuya duración queda limitada a cinco años, han sido siempre ocupados por clérigos y ahora las posibilidades se amplían a todo el mundo laico.
Este es otro tema sobre el que también se ha discutido mucho en el seno de la Iglesia. En los últimos años ha surgido un movimiento internacional de mujeres católicas que exige un mayor acceso a la toma de decisiones dentro de la Iglesia. Tradicionalmente, siempre se las había limitado a manejar asuntos sociales —como la ayuda a los refugiados, a las personas sin hogar o a las mujeres víctimas de trata— y ahora quieren que se reconozcan sus propios derechos. Exigen que se juzguen los abusos sexuales a menores y religiosas, que se bendigan las uniones de parejas del mismo sexo y que las mujeres puedan ordenar la misa. No se cumplirán todas esas expectativas, pero tal vez ahora encuentren respuesta a algunas de sus peticiones que han abogado por un cambio en las estructuras.
Precisamente, en marzo del año pasado, cinco organizaciones feministas católicas de Alemania, Suiza y Austria salieron a las calles a pedir nuevas dinámicas participativas para las mujeres. Organizaciones como María 2.0 o Voices of Faith no se cansan de repetir que no quieren demoler la Iglesia, sino convertirla en un sitio mejor.
En definitiva, se notan los cambios. La reducción de ministerios, el énfasis en temas sociales y económicos, así como el fuerte acento en la evangelización y las nuevas iglesias son temas en los que Bergoglio venía dando pasos desde que se convirtió en pontífice, pero es ahora, tras la promulgación de la nueva Constitución, que quedan sentadas todas las bases y directrices para que las cosas fluyan en ese denso mundillo burocrático del Vaticano.
Habrá que esperar un tiempo para ver si estos cambios comienzan a verse reflejados en la relación que tienen los creyentes católicos con las instituciones eclesiásticas
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