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El empalme entre los gobiernos entrante y saliente no va a ser un proceso como el de los anteriores. Por el tono de los últimos días puede llegar a ser traumático y tendrá cientos de ojos puestos en la herencia que deja el primer gobierno de izquierda y las sorpresas que encontrará el equipo del presidente electo.
Con el anuncio de que este será un “empalme anticorrupción”, Abelardo De la Espriella lanzó un contundente mensaje sobre lo que se avecina. Será el equipo de empalme con el mayor número de personas en la historia de estos procesos: alrededor de 1.300 distribuidas en 22 mesas de trabajo conformadas por expertos en diversas áreas, que evaluarán el estado de 19 ministerios, decenas de entidades nacionales y de orden territorial, así como embajadas y consulados. Todos ellos hacen parte del programa Arca de Noé, nombre con el cual el gobierno entrante bautizó este ejercicio que tiene como punto central la lucha contra la corrupción.
Será una tarea titánica que comenzará a partir de este jueves 2 de julio con un primer encuentro entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encargado por el presidente Petro de llevar a cabo esta labor en representación del gobierno saliente, y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien liderará el equipo del gobierno electo.
La labor va a ser colosal por el desorden y la corrupción que caracterizaron esta administración. Habrá una lupa gigante sobre las finanzas de las entidades que entregan, los contratos que se firmaron a última hora y su conveniencia, el disparo de la contratación de personal, el maquillaje de cifras y el posible ocultamiento de información. Es decir, se hará una auditoría forense profunda para que el gobierno entrante les muestre a los colombianos lo que va a recibir y no cargue con un gran fardo de problemas por resolver y por los que no le cabe ninguna responsabilidad. Hay que dejar las cuentas bien claras y que los culpables de los desfalcos al erario paguen las consecuencias de sus actos.
Hay muchísima expectativa por lo que va a encontrar el nuevo gobierno y por lo que le pueda ocultar el saliente, al punto que la Procuraduría y la Contraloría expidieron una directiva conjunta con los lineamientos que deberán seguir las entidades públicas. Tendrán que entregar un informe detallado de gestión en el que señalen los asuntos ejecutados y los que quedan pendientes y asegurarse de que todos los contratos suscritos, ejecutados y liquidados estén publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop. También deberán informar sobre los contratos próximos a vencerse, los que tienen demoras y los que presentan alguna clase de controversias administrativas.
A pesar de la molestia del gobierno por el nombre del proceso de empalme -el ministro Ávila dijo que no entregarán ni más ni menos de lo que exige la ley y que este no será un debate sobre el modelo económico- con lo que se está conociendo en las últimas semanas hay razones para tanta prevención. El representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció una contratación masiva por más de 450.000 millones de pesos en el Ministerio de la Igualdad, que acaba de ser liquidado. ¿Qué hace una entidad que va a desaparecer firmando millonarios contratos? ¿A quiénes beneficia?
Pero hay más. La Fiduprevisora, una de las entidades más cuestionadas y que maneja los billonarios recursos de las prestaciones sociales del magisterio, está en la mira de los organismos de control por sus injustificables procesos de contratación a última hora. La Procuraduría pidió frenar de manera inmediata un contrato por 33.000 millones de pesos para el arrendamiento de computadores portátiles y de escritorio e investiga por qué la entidad iba a contratar un nuevo sistema de agendamiento de citas si ya venía operando otro por el que se había pagado más de 45.000 millones de pesos.
En la Unidad Nacional de Proteccion, UNP, encargada de la protección del presidente y los altos funcionarios del Estado, se acaba de expedir un decreto en el que disminuyen los requisitos de estudio y experiencia para ser oficiales de protección. Para el gobierno electo no solo es inconveniente que se siga nombrando personal a pocos días de terminar el actual mandato, sino que lo más preocupante es que pueda ingresar personal que no está lo suficientemente capacitado para desempeñar labores de tanta responsabilidad.
Las denuncias sobre vinculación de personal y firma de contratos a poco más de un mes de terminar el gobierno son la constante en muchas entidades públicas. Hasta Ricardo Roa, a quien la junta directiva le aprobó una larguísima licencia y vacaciones, quería regresar de manera anticipada a la presidencia de Ecopetrol. ¿Qué contrato se la habrá quedado por firmar?
Lo que está pasando hace recordar las palabras de Angie Rodríguez, la ex mano derecha del presidente Petro, quien denunció un concierto para delinquir conformado por más de 20 funcionarios y aseguró que si el Pacto Histórico llegaba a perder las elecciones iban a “restear las entidades públicas. Y todavía hay quienes preguntan por qué tanta prevención del gobierno electo con lo que va a recibir de herencia. En las próximas semanas nos mostrarán la magnitud de lo que encontraron.