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El nombramiento de Luis Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de Igualdad es, en términos simbólicos, uno de los gestos más audaces e inspiradores del gobierno de Gustavo Petro. Es la primera vez que un líder indígena del pueblo Nasa ocupa un asiento en el Consejo de Ministros en Colombia. No es un gesto menor: debería marcar un antes y un después en la representación política y un gesto potente de inclusión.
Aunque otros indígenas han alcanzado cargos en el Congreso o gobernaciones locales, el salto al gabinete ministerial es significativo. Figuras como Jesús Piñacué, senador Nasa en los años noventa, o Leonor Zalabata, actual embajadora ante la ONU y reconocida defensora arhuaca, han abierto camino, pero hasta ahora ninguna voz indígena había llegado a ser ministro.
Esa es una discusión en la que el presidente Petro acierta. Pero por otro lado, la llegada de Acosta, sin título universitario, ha suscitado un debate provocador: ¿Debe el conocimiento que se imparte en los centros académicos ser el único válido para dirigir los destinos del país? ¿Por qué no se podría homologar la trayectoria de Acosta? Ha sido coordinador nacional de la Guardia Indígena, vocero de la Minga, ha liderado procesos complejos que exigen capacidad de diálogo y organización. Sin duda, habilidades que bien pueden homologarse al perfil requerido para dirigir un ministerio.
La figura de Acosta no está exenta de controversia. En 2012, en Toribío, protagonizó junto a la Guardia Indígena un acto que generó repudio nacional: la expulsión de una unidad militar en medio de tensiones con la comunidad. Fue una escena dolorosa y compleja, en la que la dignidad de los soldados fue puesta en entredicho, y la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado, desafiada.
Es necesario reprochar cualquier humillación a quienes cumplen con su deber constitucional. A su favor, Acosta ha reconocido públicamente el dolor de ese episodio, ha dialogado con el militar afectado y ha dado señales de que su paso por el ministerio no será para abrir viejas heridas, sino para buscar una comprensión más profunda del país que somos: diverso, conflictivo, pero con vocación de encuentro.
Pero precisamente por la fuerza de ese símbolo, preocupa el terreno en el que se le ha puesto a caminar. El Ministerio de Igualdad, creado en 2023, ha sido hasta ahora un fracaso administrativo. Mal diseñado, sin estructuras funcionales, carente de programas robustos, mal dotado de personal y con una ejecución presupuestal paupérrima, esta cartera ha sido más una aspiración retórica que una verdadera herramienta de transformación social.
Durante la gestión de la exministra Francia Márquez, el ministerio no logró despegar. Los informes conocidos advierten desorganización, lentitud en el diseño de políticas, y una desconexión con las necesidades reales de la población vulnerable. La promesa de igualdad se quedó en los discursos; en los hechos, el ministerio no logró incidir ni en la superación de la pobreza ni en la garantía de derechos.
La situación tampoco mejoró con la breve y polémica presencia de Juan Carlos Florián, quien asumió como ministro tras la salida de Márquez. Su paso por el ministerio dejó más escándalos que resultados: cuestionamientos sobre su idoneidad, una nula gestión visible y denuncias de corrupción que agravaron el deterioro de una cartera ya debilitada. En lugar de recomponer el rumbo, su presencia profundizó la sensación de improvisación y fracaso en el ministerio.
En ese contexto, la llegada de Acosta plantea un riesgo real: que un símbolo tan potente de inclusión quede atrapado en la inercia de una institución débil, y que su liderazgo termine devorado por ella. Hubiera sido mejor, si se trataba de un homenaje a las comunidades aborígenes, permitirle encabezar una cartera con bases más sólidas, donde pudiera demostrar su capacidad de gestión sin tener que empezar desde las ruinas.
El peligro es claro: que el nombramiento no haya sido un acto de justicia histórica, sino una movida política, un cálculo de cuotas para asegurar respaldo electoral en regiones clave, como el Cauca o el suroccidente colombiano, de cara a futuras contiendas. Que el gobierno vea en Acosta no al líder que puede reconfigurar la agenda de igualdad en Colombia, sino a un aliado útil para mantener viva la bandera del “cambio” entre las bases más populares.
Convertir un ministerio débil en una plataforma de protagonismo simbólico puede tener consecuencias trágicas: si fracasa, no fallará solo el ministro, sino también la credibilidad de la inclusión como política pública y se reforzaría la idea de que los liderazgos indígenas no están preparados para gobernar.
Por eso, este momento exige una mirada crítica y un compromiso serio, no solo del nuevo ministro, sino del propio Gobierno nacional. Se debe rodear de equipos competentes que le permitan operar más allá de lo simbólico. A Acosta le corresponde también demostrar que puede tender puentes entre la sabiduría ancestral y la rigurosidad técnica, entre la resistencia y la administración pública.
Que su llegada no sea la de un líder atrapado en un naufragio institucional, sino la de un constructor que, con herramientas propias, pueda levantar algo digno desde los cimientos mal puestos. La inclusión no puede ser una fachada. O es real, con poder de decisión y con estructuras que funcionen, o será otra promesa rota más.
Su llegada al gabinete no debe romantizarse, pero tampoco despreciarse. La historia aún está por escribirse.