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El presidente Gustavo Petro ya destapó sus cartas: va por una Asamblea Constituyente, como lo advertimos aquí hace unos pocos días. El mandatario trata de tranquilizar las aguas diciendo que es para que se convoque después de que termine su gobierno. Pero hay que decir que esto no tranquiliza.
La Asamblea Constituyente fue la piedra angular para consolidar la dictadura que hoy gobierna en Venezuela. La primera la convocó Hugo Chávez en 1999 cuando tenía el 60% de popularidad y fue el comienzo de la concentración del poder en su Presidencia: disolvió al menos un tercio del Tribunal Supremo, reformó la estructura del Estado y allanó el camino para el control institucional por parte del chavismo. Maduro, en 2013, heredó no solo el poder, sino también el aparato institucional controlado desde el chavismo. Utilizó mecanismos constitucionales para nombrar a magistrados leales, cooptar las Fuerzas Armadas y neutralizar cualquier resistencia.
Ya con la sartén por el mango, Nicolás Maduro convocó la segunda Constituyente en 2017, la llamaron “superpoder”, sirvió para despojar al legislativo de Venezuela, de mayoría opositora, sus funciones. Esta Constituyente madurista no fue un instrumento de deliberación sino un martillo contra la oposición: destituyó a funcionarios críticos, silenció medios, criminalizó disidencias y se convirtió en el vehículo de la represión legal del régimen. Fue, en esencia, darle a Maduro un arma de poder absoluto.
Que Petro entonces, a casi un año de tener que entregar el poder, empiece a hablar de la Constituyente hace inevitable prender las alarmas. Colombia no es Venezuela, pero ciertas rutas políticas —cuando se repiten— trazan patrones inquietantes.
En cinco meses entre 2023 y 2024, Gustavo Petro hizo tres visitas a Nicolás Maduro. Nunca fue del todo clara la agenda que trabajaron en estas cumbres, algunas fueron reservadas, y en una de ellas dieron una rueda de prensa diciendo que estaban negociando lo de la compra de gas a Venezuela. Una compra que desde siempre estaba claro era imposible porque no hay gasoducto idóneo por el cual importar ese elemento. ¿Será que Petro tenía interés de conocer en detalle el proceso seguido en el vecino país para quedarse aferrados en el poder?
Las similitudes con el proceso de Nicolás Maduro son más que circunstanciales. Ambos mandatarios han invocado un supuesto “bloqueo institucional” para justificar la necesidad de una transformación total del orden constitucional. En el caso de Gustavo Petro, si bien él ha esgrimido esa razón, la realidad es que el Congreso prácticamente le ha aprobado, a las buenas o a las malas, la mayoría de sus proyectos.
Otra similitud clave tiene que ver con el intento de Petro de convocar a la consulta popular por ‘decretazo’. Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 por decreto presidencial, sin realizar un referendo previo, lo cual fue ampliamente cuestionado tanto en su país como en el mundo. Petro intentó algo parecido.
Ambos entonces han buscado caminos por fuera del legislativo para imponer consultas o decretos orientados a forzar la voluntad popular en favor de una Constituyente. Ambos recurren, además, a un discurso de odio para dividir el país. Y en ambos casos, la convocatoria no ha surgido de un gran pacto nacional ni de un consenso político plural, sino del impulso unilateral del Ejecutivo.
En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, convocada sin referendo popular y sobre bases electorales cuestionadas sirvió no para reformar la democracia, sino para desmontarla.
Colombia, por fortuna, como lo hemos dicho, no está aún en ese escenario. Petro enfrenta un Congreso que, pese a las tensiones, ha aprobado reformas clave como la laboral. El país cuenta con unas instituciones aún independientes. En las cortes, en la Registraduría, en la Procuraduría, que han frenado sus intentos de consultas fuera del marco legal. Su nivel de popularidad —una desaprobación del 64%— revela una sociedad civil activa, crítica y resistente a la tiranía. Y tal vez lo más importante es que Colombia no tiene dinero inagotable como tenía Venezuela en su momento.
Sin embargo, lo inquietante es el método. Petro, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha dicho que convocaría la Asamblea con 8 millones de firmas, lo cual va contra la Constitución. En sitios como la Universidad Nacional instalaron esta semana su propia “Asamblea Constituyente”. La concurrencia fue poca. No llenaron el auditorio León de Greiff. Pero es evidente que el Gobierno Petro le apuesta a eso: a hacer pequeñas “asambleas” buscando legitimar su “Asamblea popular Constituyente”.
No se trata, entonces, solo de una idea, sino de un intento repetido. La historia reciente de América Latina ha demostrado como el recurso a las Constituyentes ha sido instrumentalizado por líderes con aspiraciones hegemónicas.
Colombia no puede permitir que se use el ropaje de la democracia para horadar sus fundamentos. Que la lección venezolana nos sirva de advertencia. La Constituyente que propone Petro no es un paso hacia el futuro, sino un retorno a las trampas del autoritarismo. Las similitudes con Venezuela no son idénticas, pero sí suficientes para activar todas las alarmas.