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La semana pasada no solo fue intensa en acontecimientos difíciles para Colombia. Lo fue también en un país cuya cercanía e influencia nos afecta directamente. Estados Unidos vivió ocho días de sucesos sin precedentes debido a que el presidente Donald Trump decidió lanzar redadas masivas contra inmigrantes.
Con más de 300 detenidos en menos de una semana, muchos de ellos sin antecedentes penales, lo que se vivió en Los Ángeles tiene más que ver con una estrategia de intimidación que con un ejercicio de legalidad. En un abrir y cerrar de ojos, el presidente Trump militarizó esta metrópoli californiana, convirtió el perseguir inmigrantes en un espectáculo televisivo y planteó una lista cada vez más larga de países a los que quiere restringirles el ingreso a suelo estadounidense.
En un país de inmigrantes, que nació y ha prosperado gracias a la fuerza de la mano de obra extranjera, resulta chocante ver cómo Trump ha reactivado con fuerza una maquinaria de detención y deportación que apunta, no sólo a quienes han infringido la ley, sino a quienes simplemente viven y trabajan sin documentos en un país que los necesita. Las redadas en lugares de trabajo, los operativos con agentes armados en almacenes y tiendas, y la militarización de zonas urbanas hicieron los operativos más parecidos a un estado de sitio que a una acción de política migratoria.
La ciudad de Los Ángeles, símbolo de la diversidad cultural y de la promesa americana para millones de inmigrantes, atraviesa una de sus semanas más sombrías. De los siete millones de personas que la pueblan, más de la mitad son de origen extranjero. La mayoría son mexicanos y de toda América Latina, pero también hay coreanos (600.000), filipinos, chinos, vietnamitas, persas, árabes, africanos, caribeños, rusos, otros europeos, y más de un centenar de otros orígenes étnicos y nacionales.
Todos en esa ciudad saben que se necesitan mutuamente, pero no contaban con un detalle que los ha convertido en el enemigo a batir: el estar en un estado demócrata por excelencia los convierte en un blanco apetitoso para la Casa Blanca de Trump. Y para ello se inventa argumentos de que muchos de ellos ejecutan “actividades antiamericanas o antisemitas en Estados Unidos”. Lo curioso es que a principios de junio un hombre de origen egipcio atentó contra un grupo de manifestantes pro israelí en Colorado, y a Trump no se le ha ocurrido poner en la lista a Egipto.
La narrativa del orden y la seguridad, con la que se justifica Trump, oculta la instrumentalización de los migrantes como arma electoral y como vehículo para exacerbar divisiones ideológicas, y qué mejor lugar para hacerlo que California, buscando rendimientos en el electorado más conservador del país.
Hay quienes creen que Trump lanza estratégicamente las redadas a pocos meses de un nuevo ciclo electoral, y otros consideran que lo hace en momentos en que la economía se tambalea por la errática política arancelaria y las universidades de élite luchan contra la arbitrariedad presidencial.
En ese contexto, Trump sacó al ejército a la calle. Cuatro mil soldados de una brigada de combate de la Guardia Nacional y 700 marines, que son competencia de las autoridades locales civiles, han abierto un debate sobre el uso del poder federal para fines políticos.
No pensó en consultar siquiera al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien la medida le parece desproporcionada. Por cierto, Newson es de los pocos que se le ha enfrentado, aunque ha cometido el error de caer en un nivel de discusión tan bajo como el del republicano.
Donald Trump ha vendido la idea de que Estados Unidos necesita librarse de los migrantes y para ello se ha anclado a toda clase de ideas racistas y xenófobas. Y si bien tiene apoyo popular entre los trabajadores blancos y la América profunda del Sur y el Medio Oeste, la cuota de deportaciones diarias que ha prometido, 3.000, lo está haciendo cometer tal clase de atropellos que las manifestaciones en su contra se han extendido por más de 2.000 ciudades.
En medio de esta tormenta, las protestas ciudadanas se han extendido. Bajo el lema “No Kings”, miles de personas han salido a las calles a reclamar que Estados Unidos no es un reino y que el presidente no está por encima de la Constitución. La respuesta, sin embargo, ha sido más despliegue militar, más restricciones migratorias y una agenda de veto a ciudadanos de 36 nuevos países, en una lista que ya supera los 50. Una política que, bajo la excusa de la seguridad, amenaza con desdibujar los valores fundacionales del país.
Lo ocurrido en Los Ángeles afecta la dignidad de miles de personas que, aun sin estatus legal, forman parte esencial del tejido económico y social. Son jardineros, cocineros, personal de salud, cuidadores, trabajadoras del hogar. Personas que sostienen, con su trabajo diario, buena parte de la economía urbana. Verlos convertidos en objetivos militares, perseguidos en plena jornada laboral, genera un retroceso ético y humanitario que lastima la imagen de una democracia que se ha construido sobre el respeto a las libertades y a la diversidad.