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Con la elección de Gregorio Eljach como nuevo Procurador General de la Nación se va completando el ciclo de elecciones en las que el presidente Gustavo Petro tiene incidencia. Ya nombró Procurador, Fiscal y Defensora del Pueblo. Y así, poco a poco, va conformando un entramado de poder institucional, en principio, afín a él o que le debe gratitud por la oportunidad de ocupar esos privilegiados cargos.
Hay que decir que esto no es nada nuevo, ni necesariamente malo: así ha sido siempre, así está diseñado en la Constitución de 1991: las cabezas de órganos de investigación y control como la Procuraduría y la Fiscalía se eligen a la mitad del período del gobernante de turno.
En un mundo ideal se espera que los elegidos cumplan su tarea apegados a la Constitución, pero como la trama del poder es tan compleja, la asamblea constituyente de 1991 prefirió escalonar estos nombramientos de tal suerte que si alguien quisiera utilizar estos cargos tan poderosos como una aplanadora para su beneficio personal o para el del gobierno de turno, tenga poco tiempo.
Esa fue una de las razones por la que la Corte Constitucional, en su momento, no permitió una segunda reelección presidencial en Colombia, porque se atrofia el sistema de pesos y contrapesos que en buena hora diseñó la Asamblea Constituyente de 1991 como sostén de la democracia.
La historia de la humanidad ha demostrado como la acumulación de poder en una sola persona, o en un solo grupo, hace estragos en la sociedad y en el mismo elegido. Como diría Lord Acton, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
¿Qué puede pasar entonces con el nuevo Procurador? Por lo pronto, hay que esperar a que Gregorio Eljach se posesione y muestre de qué temple está hecho. En la historia reciente del país hemos visto casos en los que procuradores y fiscales no necesariamente se doblegan al poder presidencial. El entonces presidente Álvaro Uribe, por ejemplo, tuvo un control importante de parte del fiscal Mario Iguarán, al que ayudó a elegir, y del procurador Edgardo Maya, que fue elegido con el apoyo de la bancada gobiernista.
¿Qué tanta independencia están mostrando los órganos de poder en el gobierno de Petro? A la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que está pronta a cumplir seis meses al frente del búnker, el país sigue dándole un compás de espera. Hasta ahora, ha mostrado una preocupante lentitud en casos en los que se han demostrado evidentes irregularidades por parte de allegados al presidente Gustavo Petro. Es deplorable el poco o ningún avance de los casos de su hijo Nicolás Petro, y el de Armando Benedetti, su jefe de campaña. De igual forma, casi que aturde el profundo silencio de la Fiscalía sobre las anomalías en las que habrían incurrido el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y el excomisionado de paz, Danilo Rueda. Por no hablar de lo que está ocurriendo con el megaescándalo de la Undgr, en el que todas las pruebas están sobre la mesa, y la Fiscalía poco o nada ha hecho. Habrá que esperar si los casos se mueven, porque de otra manera sería muy triste que la primera mujer que ocupa este cargo en el país decepcione.
La Contraloría General también ha dado muestras de colaborarle al gobierno –como lo hizo por ejemplo al publicar un power point equivocado y sin sustento contra las EPS que Petro capitalizó políticamente–. El contralor Carlos Hernán Rodríguez debe estar agradecido con el gobierno Petro le permitió pasar un año suspendido por el Consejo de Estado, manteniendo el poder de la Contraloría en cuerpo ajeno, para después pudo regresar a su cargo.
¿Qué le falta a Petro en ese equilibrio de poderes? Hay dos desafíos que de manera particular preocupan a los entendidos de los intríngulis de la política.
El primero, tiene que ver con las extrañas demandas que viene recibiendo el registrador Hernán Penagos por su elección. Por supuesto que el Consejo de Estado debe estudiar el caso y si se produjo alguna anomalía debe actuar, sin embargo llama la atención que los dos ciudadanos que interpusieron sendas demandas hayan pedido suspender de su cargo al registrador, cuando estamos a un año y medio de las elecciones legislativas de marzo de 2026 y poco más de las presidenciales en mayo. Y despierta aún más suspicacias si se tiene en cuenta el intento de quitarle autonomía en el presupuesto a la Registraduría para 2025, justo en el año en que debe hacer la contratación para las elecciones de 2026. Por fortuna, la senadora Angélica Lozano hizo la alerta y se corrigió a tiempo.
El segundo punto de preocupación, tiene que ver con la composición de la Corte Constitucional. En 2025 se cambiarán cuatro magistrados y no son pocos los que han expresado el temor de que el presidente Gustavo Petro, eventualmente, logre quedar al menos cinco de las nueve sillas de la Corte Constitucional, entre los que hoy están y los que llegan.
El presidente Petro ha dicho que nada de eso pasará. Estaremos entonces atentos. Sería una tragedia para el país que la guardiana de la democracia, la Corte Constitucional, quede en manos de un mandatario que no ha mostrado suficiente contundencia a la hora de rechazar dictaduras como la de Venezuela.