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Por estos días en los que tanto se habla de concentrar más funciones en el Estado, con motivo de uno de los modelos que se propone para las elecciones del domingo en Colombia, vale la pena revisar los mitos urbanos que se han creado sobre lo que se da en llamar el “socialismo nórdico”.
Cada vez que se propone agrandar el Estado sin contrapesos y mirar con recelo a la empresa privada, aparece el mismo modelo a seguir: sus defensores suelen decir, así se hace en Suecia, Noruega y Dinamarca, y allá la vida es próspera y envidiable.
Esa tesis o percepción cada vez se aleja más de la realidad.
Ni siquiera los propios nórdicos se reconocen en esa etiqueta. En 2015, el entonces primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, cansado de los elogios de Bernie Sanders –senador socialista de Estados Unidos–, desmintió la idea de que Dinamarca fuera una economía socialista planificada y recordó que era una economía capitalista de mercado.
Johan Norberg, autor sueco, lo ha dicho de otra manera: “Hemos sido socialistas y hemos sido exitosos, pero nunca al mismo tiempo”. La historia le da la razón. Suecia se convirtió en uno de los países más ricos del mundo tras casi un siglo de mercados abiertos, libre comercio e impuestos moderados. Y solo, tras el éxito del capitalismo decidieron expandir el Estado, especialmente entre los años sesenta y ochenta. Varios gobiernos llevaron el gasto público a rondar el 70% del PIB.
Los impuestos se hicieron tan onerosos –las tarifas marginales superaron el 90% — que la escritora Astrid Lindgren, que creó uno de los personajes infantiles más famosos del siglo XX (Pippi Calzaslargas) contaba que llegó a pagar más del 100% de sus ingresos en impuestos.
La situación llevó a empresas emblemáticas como IKEA a trasladar su domicilio al exterior, el país retrocedió del cuarto al decimocuarto lugar en ingreso por habitante, y el experimento terminó estrellándose en una severa crisis bancaria a comienzos de los noventa.
Hasta tal punto llegó el maximalismo fiscal escandinavo que Suecia comenzó a reformar su modelo en los años noventa. De esa crisis nació la Suecia que hoy existe y poco se parece a la del imaginario progresista. El país recortó el gasto público, eliminó los impuestos a la herencia y al patrimonio, redujo la tarifa de renta empresarial hasta cerca del 20% —muy por debajo del 35% que rige en Colombia— y se impuso una regla según la cual cada nuevo gasto debía compensarse con recortes equivalentes. La deuda pública, que había superado el 70% del PIB, cayó a niveles cercanos al 40%.
Y, sobre todo, abrió a la competencia los servicios que antes monopolizaba el Estado: hoy uno de cada tres colegios públicos de secundaria es operado por privados —algunos cotizan en bolsa— y cerca de la mitad de las clínicas de atención primaria también lo son. De alguna manera lo mismo que Colombia implementó por esa misma época y que le trajo progreso al país por más de tres décadas.
No por casualidad, Suecia tiene hoy más milmillonarios per cápita que Estados Unidos, y en cuanto a su gasto social, como proporción del PIB, la distancia con los estadounidenses es mucho menor de lo que suele suponerse.
La clave que suelen omitir quienes invocan el modelo está en el orden de los factores. Primero se construyó una economía formal, productiva y poblada de empresas de talla mundial, sometidas a una competencia feroz, y solo después se montó sobre ella una protección social robusta. Conviene recordar, además, que en muchos de esos países no existe un salario mínimo fijado por ley. Es decir, no hay un presidente jugando con los números según sus necesidades políticas. Es, en el fondo, un Estado de bienestar que solo se sostiene porque la economía que lo financia es profundamente capitalista.
El caso noruego suele invocarse con la misma ligereza. Allí, el generoso Estado de bienestar lo sostiene una combinación de petróleo y finanzas: el mayor fondo soberano del mundo, con 2,2 billones de dólares acumulados durante décadas de renta petrolera —unos 400.000 dólares por habitante— e invertidos en empresas de todo el planeta.
En América Latina solemos intentar exactamente lo contrario. Se aspira a levantar Estados enormes sin la riqueza, la productividad ni la disciplina fiscal que los hagan viables, exprimiendo a un sector privado cada vez más débil en lugar de robustecerlo.
El gobierno Petro es el ejemplo de turno: un déficit fiscal superior al 7% del PIB sin que medie una crisis que lo justifique, unas tarifas empresariales que se cuentan entre las más altas del mundo, más de la mitad del empleo en la informalidad, una inversión que se ha desplomado a niveles cercanos al 16% del PIB —el más bajo en medio siglo— y una hostilidad permanente hacia quien arriesga su capital. El resultado es predecible: sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay Estado que financiar. Se quiere el Estado nórdico sin la economía nórdica: servicios y bienes públicos de Dinamarca con los ingresos de Cundinamarca.
Nada de esto es un alegato contra la protección social. Al contrario: los nórdicos demuestran que es posible garantizar buenos servicios y amplias coberturas. Pero su verdadera enseñanza es la opuesta a la que predican sus admiradores en la región. Solo los mercados dinámicos, las empresas fuertes, la formalidad y el crecimiento sostenido pueden pagar un Estado generoso. Lo demás es prometer el reparto de una riqueza que nunca se llega a crear.