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El centralismo en Colombia es cada vez más asfixiante. Las regiones aportan recursos, no los ven invertidos en sus obras y, por el contrario, les toca ser testigos mudos de cómo el Gobierno Nacional de turno utiliza los impuestos para pagar coimas con el fin de pasar reformas que la mayoría de la gente no quiere.
En el caso de Antioquia, por ejemplo, de lo que le entrega por impuestos a la Nación, recibe de vuelta de Bogotá tan solo una sexta parte, lo que no se compadece con los esfuerzos de los contribuyentes de esta región. Y menos, cuando el presidente Gustavo Petro hace todo lo posible por no cumplir con los compromisos de las obras en el departamento, como ha ocurrido con las 4G.
En ese contexto, tiene sentido el referendo por una mayor autonomía de las regiones que han promovido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otras figuras públicas del país.
Detrás de esta iniciativa está el viejo clamor de las regiones que no han visto que en las últimas tres décadas se haya desarrollado el artículo 298 de la Constitución Política que consagra a Colombia como un país descentralizado.
El quid del asunto es que bien se les han dado mayores responsabilidades a los departamentos, estos no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar los programas en beneficio de sus habitantes porque no tienen autonomía fiscal.
El referendo “Por las regiones firme” provocó el rechazo del presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X dijo que “este referendo lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia”.
Es curioso, el mismo Petro que reclama que el país es muy desigual defiende el sistema centralista que ha hecho perdurar esa situación. Colombia es un país calificado como desigual, entre otras cosas no tanto por la manera como se vive en las ciudades sino porque las regiones más pobres son muy pobres, lo cual quiere decir que el centralismo ha fracasado y no ha sabido llevarles ni progreso ni desarrollo.
Las élites políticas centralistas lo que han hecho es apalancarse en los políticos corruptos de las regiones para mantener el poder y el centralismo. Eso está suficientemente estudiado. Y todo indica que el gobierno de Gustavo Petro no está haciendo nada distinto.
De manera que cuando Petro calificó el referendo como el mayor acto de egoísmo social, desconoce además que en el discurso de posesión el 7 de agosto había prometido que “el gobierno del cambio sería descentralizado” y así se lo ratificó a los alcaldes del país tan solo dos días después de posesionarse como jefe de Estado. El gobernador Rendón, además, le respondió que “egoísmo es tener la más baja ejecución en los últimos 10 años”.
El debate hay que darlo y no se trata de tirar la puerta en las narices. Según ha dicho el gobernador Rendón, en el caso de Antioquia, que hoy recoge impuestos por cerca de $30 billones que se van para la Nación, y luego por transferencias recibe poco más de $5 billones, la idea es que los departamentos reciban al menos el doble de lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones. En el caso de Antioquia sería que le transfieran 10 billones.
El referendo puntualmente dice que se ajustaría el artículo de la Constitución para que diga que solo los departamentos puedan gravar la renta y el patrimonio de las personas y empresas en su territorio.
La propuesta del gobernador de Antioquia está cogiendo fuerza, aunque le espera un camino muy largo. Tienen seis meses para recoger las firmas que les permitan presentar un proyecto al Congreso y que pase el filtro de la Corte Constitucional para que sea respaldado en las urnas.
La propuesta ha tenido acogida en diversos sectores. El exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, es el encargado de brindar asesoría técnica al comité promotor del referendo, del que hacen parte el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el exministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, y el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, entre otros.
Por eso, en lugar de descartar la propuesta de plano, el Gobierno que se dice del cambio debería analizar qué ha pasado con la descentralización que prometió la Constitución Política, por qué no se ha materializado, por qué las regiones tienen que hacer fila en las entidades de Bogotá esperando que les den visto bueno para todo. Es como si los departamentos fueran menores de edad.
No se trata de propender por un estado federal, sino de hacer realidad lo que dice la Constitución de 1991.