Editoriales

El ‘articulito’ de Petro

¿Será que ahora cada presidente va a poder utilizar su varita mágica para decir cuáles delincuentes le parecen a él que deben pagar prisión y cuáles no?

14 de diciembre de 2022

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La insistencia de Gustavo Petro de dejar en libertad a los capturados por vandalismo y violencia durante el paro de 2021, la llamada Primera Línea, es tal vez la decisión más preocupante de sus primeros cuatro meses como Presidente de la República.

En un país donde la separación entre las ramas del poder público es un mandato central de la Constitución, el hecho de que el presidente, cabeza de la Rama Ejecutiva, ordene que se haga algo que es competencia de la Rama Judicial, es problemático y podría provocar un desequilibrio de poderes que se sabe dónde comienza pero no dónde termina.

En este caso, la definición de las responsabilidades penales de cualquier persona, y sobre todo la decisión de si alguien debe estar en la cárcel o no, corresponde únicamente a los jueces. Son solamente los jueces quienes pueden determinar, de acuerdo con la ley y con las pruebas, si los detenidos de la llamada “primera línea” son responsables de delitos o si son, como de manera invasiva dictaminó el presidente, muchachos que solo se estaban expresando.

¿O es que ahora cada presidente va a poder utilizar su varita mágica para decir cuáles delincuentes le parecen a él que deben pagar prisión y cuáles no? ¿Dependerá de qué tan amigos sean del gobernante de turno? ¿O dependerá de qué favores les deban?

La promesa de liberarlos, decíamos hace unos días, es tan descabellada jurídicamente que puso a varios ministros y funcionarios a hacer maromas de toda índole, todo con tal de que el presidente pueda cumplirles a quienes protagonizaron el paro con la admisión tácita de que fueron importantes para llevar a Petro a la Presidencia. De no ser así, ¿qué sentido tendría premiarlos?

Las maromas ministeriales se concretaron en un decreto promulgado el pasado lunes, el cual crea una “Comisión Intersectorial” que estudiaría en qué casos las personas detenidas pueden ser beneficiarias de la figura de gestores de paz (denominación que en todo caso evitan mencionar).

Para ello se aferran a un artículo de la Ley aprobada hace apenas un mes, la 2272 de 2022, el cual establece que el Gobierno Nacional puede designar a ciertas personas para que hagan gestiones de paz y para eso se les otorgue temporalmente beneficios de libertad transitoria.

El problema, como varios expertos han observado, es que dicha figura legal no se ajusta para nada al caso de los detenidos por el vandalismo de las protestas. Afanosamente, el gobierno trata de estirar la figura para que sí se ajuste, y trata de reinterpretar la situación de esos detenidos para que así sea.

Es así como acomodan entonces para decir que el beneficio ya no es solo para miembros de organizaciones armadas sino también para quienes pertenezcan a “organizaciones sociales o comunitarias”. ¿Está el Gobierno en capacidad de probar que esa es la condición de estos detenidos? ¿O simplemente mediante un acto presidencial los va a ungir a todos con esa condición?

Se dice también que estamos en el marco de la “paz total”, es decir, que ya no es el proceso con tal o cual grupo armado que requiera la intervención de algunos de sus ex miembros (que es el espíritu original de la figura). En palabras simples, cualquiera entonces puede salir de la cárcel, ya que la “paz total” no tiene delimitación y en ella puede caber cualquier cosa.

Observaba el ex ministro Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo que negoció con el ELN durante el gobierno Santos, que el espíritu de esta figura legal siempre fue el de que, excepcionalmente, personas selectas fueran cobijadas con el beneficio, pero jamás fue pensada para producir una excarcelación masiva. Menos si la razón de fondo es que esas personas hayan simpatizado con la causa del gobierno.

Degradadas quedarán, además, las miles de víctimas de esos desmanes. De esos asesinatos, algunos de los cuales quedaron registrados en imágenes horripilantes. De las torturas a civiles o de los ataques a la fuerza pública. De quienes murieron porque no pudieron superar los retenes ilegales para salvar sus vidas. O de las personas cuyas viviendas y negocios fueron vandalizados.

Justo cuando voceros de la Rama Judicial venían criticando al presidente Gustavo Petro por esta decisión, se apareció el lunes sorpresivamente el Primer Mandatario al acto de entrega de la medalla José Ignacio de Márquez, acto que reúne a la cúpula de la Rama Judicial, y los invitó a hablar de presupuesto.

El mismo Presidente que hace poco dejó plantados a los más destacados representantes de las altas cortes en el acto de posesión de nuevos magistrados, ahora aparece ante ellos y les promete hablar de plata. No se necesita ser muy malpensado para suponer que puede haber una conexión entre los hechos.

Esperamos sinceramente que la Justicia esté a la altura de su deber constitucional, y que no cambie su posición reciente (que ha sido seria y bien fundamentada) por una promesa de aumento presupuestal .