Luego de dos períodos presidenciales de ocho años cada uno, a Iván Duque le correspondió retornar al sistema tradicional de un solo mandato de cuatro años sin reelección, que impone unas dinámicas de gobierno distintas. Alcanzada la mitad del periodo, entra en una etapa donde los retos de la gobernabilidad aumentan, las demandas sociales también, y la oposición, tanto la política y parlamentaria como la de colectivos sociales, se exacerba.
Hace un año, por estas fechas, anotábamos que Iván Duque ganó la presidencia con propuestas claras, que obtuvieron el apoyo mayoritario del electorado, y que sin embargo para materializarlas había encontrado toda suerte de dificultades y trabas, pues se topó con un Congreso donde varios sectores políticos querían imponerle la continuidad de políticas y programas que ni eran las suyas ni habían sido las “contratadas” por los votantes. Y que además siguen considerando que esas políticas son las únicas posibles en Colombia.
Con ese desafío de gobernabilidad se sigue enfrentando el presidente. En los primeros meses fue particularmente duro al negarse a utilizar los mecanismos tradicionales con los cuales se asegura la gobernanza: puestos y contratos a cambio de apoyo parlamentario. Luego ha asumido una posición más flexible con partidos que han apoyado varios de sus proyectos y ha reajustado el gabinete que, aunque sigue siendo mayormente “tecnócrata”, ha logrado algo más de interlocución política. En varios episodios, además, ha contado con reticencias de parlamentarios de su propio partido, el Centro Democrático, para apoyar sus decisiones, circunstancia que puede agravarse al estar ausente del Congreso el líder del partido, el expresidente Uribe.
Siendo un dirigente que no tiene estilo confrontacional ni pugnaz, Duque se ha encontrado, no obstante, con una virulencia que no se compadece con un clima propicio para llegar a acuerdos nacionales como los que necesitaría el país. Le cobran deudas políticas que él no generó y hacen caer sobre sus hombros vindictas de enemigos pertinaces de las ideas que defienden su partido y sus líderes.
La llegada de la pandemia de la covid-19 trastocó buena parte de sus planes, obligó a cambiar prioridades y ha demandado una atención preferente del Gobierno y del propio presidente, a quien no hay forma de desconocerle su permanente aplicación para contener los graves efectos, de todo orden, que va a dejar el coronavirus y lo que este generó en parálisis económica y desajustes en sectores como la educación, el sistema de salud y, sobre todo, el empleo.
La parálisis por la covid-19 dejó en suspenso el movimiento que a finales del año pasado pretendía movilizaciones permanentes, manifestaciones continuas, para cobrarle al actual gobierno los problemas no resueltos desde hace muchas décadas. Nada hace pensar que los inspiradores de esa estrategia vayan a quedarse quietos.
Las dificultades de Duque pasan por el complicado estado interno de las Fuerzas Armadas, por el desdibujamiento de la diplomacia y la discreta gestión de la Cancillería, precisamente cuando la situación con Venezuela está por completo estancada.
Puede consolidar sus fortalezas con su apuesta por la presencia en las regiones, con sus políticas de equidad, emprendimiento y legalidad, las obras de infraestructura y de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, con sus políticas de “economía naranja” reforzadas en cuanto a su entendimiento por parte de la sociedad.
El presidente Duque tiene todavía margen para consolidar su proyecto y terminar con honores un gobierno que merece más acompañamiento y apoyo por parte de la ciudadanía y de los sectores políticos, económicos y sociales.
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