Hoy, 14 de febrero de 2023, es un día muy importante para Colombia. Es el día en que la vocación democrática del actual gobierno se pondrá a prueba. Es el día en que sabremos, finalmente, si Gustavo Petro piensa conducir su período presidencial dentro de los cauces y los métodos de la democracia, o si por el contrario optará por una deriva populista y autoritaria.
Es el día, también, en que sabremos si Gustavo Petro entiende su papel de presidente como el de Jefe de Estado de toda la nación, y si cumple con su promesa de ser el Presidente de todos los colombianos. O si, por el contrario, decide actuar como el jefe de una facción, de un sector al cual convoca a las calles en calidad de caudillo, generando un ambiente propicio para una confrontación de cualquier índole con otros sectores de la nación colombiana.
El gobierno tiene todo el derecho, e incluso la obligación, de promover públicamente lo que considera son las virtudes de sus reformas. Ya sea convocando a manifestaciones, o planteando sus propuestas por los medios, o por las redes sociales o incluso en el balcón, si así lo considera.
Pero hay una serie de cosas a las que no tienen derecho.
No tienen derecho, por ejemplo, a pretender que sus reformas y proyectos fueron ya aprobados en las elecciones presidenciales. Advertimos esto, porque exactamente lo contrario es lo que han sugerido el propio Presidente y sus seguidores, al insistir en que la reforma a la salud fue supuestamente aprobada en la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia. Si esa es la idea pues no perdamos tiempo y botemos la Constitución a la caneca: ¿para qué instituciones? Más bien que lo que el Presidente prometió en campaña, o mejor aún, lo que se le ocurra cada día, sea ley.
Tampoco tienen derecho a pretender que “la calle” sea un sustituto de instituciones como el Congreso y la Corte Constitucional. Las manifestaciones son una expresión, un alimento, un insumo de la deliberación pero no un sustituto de ella. Primero porque tenemos una Constitución. Y segundo porque “la calle” es engañosa: no importa cuán nutridas se vean las multitudes, no hay garantía de que ellas representan el querer mayoritario de la ciudadanía. E incluso ese querer mayoritario tiene límites, y tiene canales para que pueda volverse ley: en la democracia no existen poderes absolutos.
Tampoco tienen derecho a valerse de la intimidación, el codazo, el empujón y la violencia verbal para meter a la brava sus reformas. Sobre la reforma a la salud, por ejemplo, el Congreso tomará su decisión, y luego la jurisdicción constitucional, que seguramente la revisará, tomará la suya. Y ante ellas solo corresponde el acatamiento.
Especial mención merece el capítulo de la violencia verbal, que ha venido lamentablemente escalando en la antesala de estas jornadas. Vimos a la senadora del Polo Democrático Isabel Cristina Zuleta calificando de “infames” a quienes no están de acuerdo con la reforma a la salud (¡cuando su texto ni siquiera se conocía!). No solo esta declaración es irrespetuosa con quienes tienen esa opinión, que por cierto tienen derecho a tener. Además los pone en la mira: en un país como Colombia, en el cual de la violencia verbal se puede pasar a las balas en un parpadeo.
Del mismo modo rechazamos las expresiones de violencia verbal que se expresen contra el gobierno y sus partidarios, como las del representante Miguel Polo Polo (convocante de las contramarchas del 15 de febrero), quien no pierde oportunidad para referirse al Presidente y sus partidarios en tono ofensivo y desobligante. Ante su conducta caben las mismas advertencias, y procede el mismo llamado a que tramitemos nuestras diferencias dentro del respeto.
La marcha de hoy sería mejor recibida si se hubiera convocado a la gente luego de haber puesto a disposición de todos el contenido de la reforma y se hubiera dado un tiempo prudente para que la sociedad la leyera, la entendiera, reflexionara sobre ella y entonces decidiera si sale a la calle a apoyarla. Pero convocar a una marcha para hoy, apenas unas horas después de haber dado a conocer el documento de 180 páginas de la reforma, tiene más un aliento populista, un acto que busca ratificar al gobernante a punta de arengas, más que un espacio propicio para el debate y el razonamiento que deben nutrir una democracia sólida.
Hacemos nuestros sinceros votos porque la jornada sea pacífica, y porque los organizadores de ella la conciban como una expresión, como una manifestación de su ideario y de sus posiciones. Todos tenemos derecho a hacerlo. Ver al Presidente hablando a las multitudes en un balcón es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero si es una expresión que se mantiene dentro de los límites de la deliberación pacífica, y dentro del respeto y el acatamiento por las instituciones y la Constitución, ella es más que aceptable. Como lo serán las de sus opositores si se conducen por los mismos canales
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