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Hace treinta años, monseñor Pedro Rubiano dejó una de las frases más famosas de la historia de Colombia: “Si a uno se le mete un elefante a la casa, tiene que verlo”. Tres décadas después, mientras HBO Max transmite el documental “El 8.000: el presidente que se iba a caer”, Colombia vuelve a hacerse una pregunta inquietantemente parecida: ¿qué pasó con ese otro elefante que habría entrado cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño?
Son tantas las similitudes que parece que en estos cuatro años hubiéramos vuelto a ver la misma vieja película. Ingreso de dineros cuestionados a una campaña presidencial, dinero en efectivo, personajes del círculo más cercano amenazando con contar lo que saben, investigaciones sobre la financiación electoral y hasta el asesinato de un importante líder político de oposición.
El documental recuerda cómo estalló el escándalo y cómo muchos periodistas, poniendo en riesgo su integridad, se arriesgaron a investigar a fondo a sus protagonistas. El proceso comenzó cuando Andrés Pastrana le entregó al presidente César Gaviria unos casetes, conocidos después como los narcocasetes, en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, hablaban sobre la entrega de 3.000 millones de pesos para asegurar el triunfo de Samper en la segunda vuelta de 1994. El fiscal de entonces, Gustavo de Greiff, decidió no abrir una investigación.
Samper ganó la Presidencia y el proceso solo avanzó después del cambio en la Fiscalía, cuando asumió Alfonso Valdivieso en 1995, y gracias a las revelaciones de Fernando Botero Zea y Santiago Medina, gerente y tesorero de la campaña.
Botero sostuvo que Samper conocía el ingreso de esos dineros; el mandatario respondió que todo había ocurrido “a sus espaldas” y, cuando se habló de una eventual renuncia, zanjó con otra sentencia que marcaría su gobierno: “Aquí estoy y aquí me quedo”. Fue entonces cuando Rubiano pronunció su frase del elefante.
Muchos de los involucrados terminaron en la cárcel, entre ellos Botero. Samper no fue condenado —la Comisión de Acusaciones archivó el proceso—, pero Estados Unidos le retiró la visa. A eso se sumaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el atentado contra el abogado Antonio José Cancino y la muerte de Elizabeth Montoya de Sarria, la “Monita Retrechera”.
Ese capítulo, que parecía sepultado, recobró una incómoda actualidad con otros personajes y papeles similares en el gobierno Petro.
Armando Benedetti, en ese entonces embajador en Venezuela y uno de los hombres fundamentales de la campaña, protagonizó una explosiva conversación con Laura Sarabia, la mano derecha del presidente. Molesto por el trato que recibía, le recordó sus gestiones para que la izquierda ganara y le advirtió que si el país llegaba a saber de dónde habían salido 15.000 millones de pesos para la campaña “todos terminarían en la cárcel”. Después aseguró que había exagerado la cifra en una rabieta.
No fue el único episodio. Aparecieron denuncias sobre manejo de grandes sumas en efectivo, el llamado Pacto de la Picota, las visitas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, a las cárceles durante la campaña. El propio hijo del mandatario, Nicolás Petro, quedó involucrado tras admitir que recibió dineros que no llegaron oficialmente a la campaña. Después se conoció un aporte de $500 millones del contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, que según el Gobierno fue devuelto.
Los escándalos no terminaron. El gerente de la campaña, Ricardo Roa, recientemente fue imputado por violación de topes electorales. Es decir, se metió otro vez el elefante a la Casa de Nariño. Y, otra vez, desde la Presidencia la respuesta ha sido que el mandatario no sabía.
Las coincidencias no terminan allí: durante el gobierno Petro fue asesinado Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y una de las figuras más importantes de la oposición, y Estados Unidos también le revocó la visa al presidente y luego lo incluyó en la Lista Clinton.
Pero quedarse en el asombro de las coincidencias es la manera más cómoda de no entender nada. Seguimos financiando las campañas presidenciales con un sistema que confía en la palabra del que reporta, con topes que se auditan cuando el gobernante ya está sentado en la Casa de Nariño y con un Consejo Nacional Electoral compuesto por los mismos partidos que deben ser vigilados. Nos indignamos con el elefante hace 30 años y dejamos la puerta abierta del mismo tamaño.
Hay, sin embargo, una diferencia. El 8.000 avanzó porque hubo una Fiscalía que decidió profundizar, porque aparecieron testimonios desde dentro de la campaña y porque los medios mantuvieron una presión constante sobre el poder. En el caso de la campaña Petro las investigaciones han ido mucho más lentas, con cuestionamientos durante meses por la demora de la Fiscalía, y fue el Consejo Nacional Electoral el que terminó tomando las decisiones de fondo sobre los topes.
La historia todavía no está cerrada: Roa deberá responder ante la justicia y otros protagonistas apenas comienzan a comparecer. Como hace treinta años, algunos de quienes estuvieron cerca del poder han empezado a hablar. Por eso la frase de monseñor Rubiano conserva tanta vigencia. El problema nunca ha sido que el elefante logre entrar a la casa. El verdadero problema comienza cuando quienes viven en ella pretenden convencernos de que nunca lo vieron.