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Vivir en casa propia sigue siendo el sueño de millones de personas en todo el mundo, y especialmente en América Latina ha sido siempre una obsesión cargada de razones y simbolismos que van mucho más allá del bien material. Sin embargo, en las últimas dos décadas se viene observando en esta región, especialmente en Colombia, un incremento en el número de arrendamientos. ¿Ha cambiado el modelo de vida o es la economía la que está forzando a que disminuyan los propietarios?
Mientras en 2002 había en Latinoamérica un promedio de 73,1% de dueños y 16,4% de inquilinos, en 2022 los datos se convirtieron en 66% y 20,9%, respectivamente. En nuestro país, según datos del DANE, más del 40% de la población vive en arriendo, y la cifra va en aumento.
Según la encuesta del DANE, mientras en 2022 el 39% de hogares residían en casa propia, en 2019 esa cifra era de 46,2%. Es decir que tras la pandemia del Covid se produjo una caída de 7,2 puntos porcentuales. La pandemia sin duda puede explicar algo del cambio que se está dando, por las dificultades económicas que atravesaron muchas familias, pudo ser también el cambio de mentalidad que hizo a muchos querer ir más livianos por el mundo o, sobre todo, los líos de los contenedores que hicieron encarecer varias de las materias primas de la construcción. A finales de 2022 los costos de la producción de vivienda crecieron por encima de 13% y los precios de la vivienda aumentaron alrededor de 8% y 8,5%.
Si se hiciera la medición en 2023 o 2024, la situación puede estar aún peor, debido a que las tasas de interés han estado muy altas en Colombia y se hace menos rentable comprar vivienda propia.
Pero el sueño siempre ha estado presente en la cultura latinoamericana, a diferencia de Europa donde los porcentajes se asemejan a los colombianos pero se basan en una historia y una cultura del arriendo muy arraigada. Tener casa, invertir en vivienda y dejarles eso de herencia a los hijos ha sido siempre una meta común desde el norte de México hasta el sur de la Patagonia. Muchos han creído durante años que arrendar es botar la plata, y de ahí que en muchos países del área el porcentaje de vivienda propia haya sido siempre muy alto.
En un país tan pequeño como Paraguay el 82,9% de la gente es propietaria. Le siguen Brasil (72,3 %), México (71,7 % ) y Ecuador (68,8 %), según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo hay que tener en cuenta que en muchos de estos lugares el porcentaje de propietarios es tan alto debido a tomas y ocupaciones ilegales provenientes de contextos informales que fueron legalizadas.
Pero las cosas han ido cambiando, especialmente en las zonas urbanas donde hay menos recursos. Allí, la incidencia de propietarios va disminuyendo gradualmente mientras que los arrendatarios van al alza. Claro ejemplo de este fenómeno es Chile, cuyo número de inquilinos pasó del 15,5% al 25% en los últimos años.
Esta transformación de la sociedad en nuestro continente tiene mucho que ver con el desempleo actual y la dificultad para asumir una deuda hipotecaria. Las ciudades crecen, pero no así la oferta de vivienda subsidiada. El mercado laboral ofrece mucha incertidumbre y la gente, sobre todo los que están empezando, se preguntan si tener vivienda es el principal objetivo de la acumulación de patrimonio. A lo anterior se suma el gigantesco fenómeno de la globalización por el que mucha gente no sabe dónde va a acabar viviendo y prefiere no amarrarse y vivir en alquiler.
Igualmente hay otras situaciones que van en aumento y que contribuyen al auge de este fenómeno. La situación vulnerable de los migrantes que se reparten por toda América Latina y que solo pueden acceder a un arriendo o el alquiler pirata de terrenos que no son propios. También, el envejecimiento de las familias en las que los hijos se van, los padres se quedan solos y alquilan habitaciones para tener una entrada extra. Algo tan común en Perú que allá lo llaman la “jubilación popular”.
Tal vez una forma de modernizar la mirada sobre este asunto sea la que propone el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que plantea volver a la vivienda social de alquiler en la que el Estado promueva este tipo de residencia y no se quede anclado en la entrega de subsidios a la propiedad o a la construcción. O también por qué no pensar en la reconversión de inmuebles del Estado o de los municipios para alquiler. Como estas podrían surgir muchas otras propuestas de política pública que ofrezcan soluciones al nuevo panorama habitacional.
Sean cuales sean las razones para este giro que está dando el continente en el sector vivienda, bien por necesidad o bien por opción elegida, el alquiler es una realidad que seguirá creciendo y que ojalá esté acompañada de la regulación necesaria.