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Por supuesto que hay que pedir castigo efectivo para quienes cometen crímenes contra los niños. Pero más que penas sin fin, se requiere justicia eficaz. Y la sociedad no puede delegar sus deberes.
Las cifras de maltrato a la infancia en Colombia son aterradoras. Las recuerdan no solo las noticias escabrosas provenientes de todos os rincones del país -zonas urbanas o rurales, espacios marginales o barrios de clase media, ciudades capitales o municipios medianos- que dan cuenta de maltratos, abusos, crímenes sexuales contra niños y niñas que generan profunda condena moral, sino también las estadísticas oficiales. Ahí están las cifras que año a año presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal: el nuestro es un país brutal para la infancia.
¿Este maltrato se detendrá aprobando leyes nuevas, imponiendo penas aún más severas, incluyendo la cadena perpetua? ¿Son las penas perpetuas un disuasor efectivo para quienes cometen crímenes contra los menores? ¿Es el derecho penal el instrumento idóneo, o incluso único, para prevenir la ocurrencia de estos hechos execrables que estremecen a buena parte de la sociedad?
Las propuestas de imponer la cadena perpetua para los responsables de crímenes...