Las cifras de maltrato a la infancia en Colombia son aterradoras. Las recuerdan no solo las noticias escabrosas provenientes de todos os rincones del país -zonas urbanas o rurales, espacios marginales o barrios de clase media, ciudades capitales o municipios medianos- que dan cuenta de maltratos, abusos, crímenes sexuales contra niños y niñas que generan profunda condena moral, sino también las estadísticas oficiales. Ahí están las cifras que año a año presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal: el nuestro es un país brutal para la infancia.
¿Este maltrato se detendrá aprobando leyes nuevas, imponiendo penas aún más severas, incluyendo la cadena perpetua? ¿Son las penas perpetuas un disuasor efectivo para quienes cometen crímenes contra los menores? ¿Es el derecho penal el instrumento idóneo, o incluso único, para prevenir la ocurrencia de estos hechos execrables que estremecen a buena parte de la sociedad?
Las propuestas de imponer la cadena perpetua para los responsables de crímenes contra niños han sido recurrentes en los últimos 20 años. Nunca han sido aprobadas en el Congreso. Ahora se presenta de nuevo, y la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, confirma que hay instrucciones del presidente Iván Duque para que se tramite una ley que convoque a un referendo para aprobar esa medida, que implica reforma constitucional.
En efecto, hay un sentimiento social que pide mayor eficacia no solo en las medidas punitivas contra quienes vulneran la infancia, sino preventivas y correctivas. Pero, a su vez, es en esa misma sociedad que pide medidas donde se incuban, desarrollan y llevan a cabo crímenes atroces, entre silencios, indiferencia o complicidades. El Instituto de Medicina Legal ha constatado que en el seno de las familias es donde más delitos se cometen contra los menores de edad, entre el pavor de la indefensión, pero también entre silencios ominosos y amparos encubridores. Así que la sociedad puede pedir medidas, pero también tiene un deber indeclinable (y así lo establece la propia Constitución colombiana) de velar por los derechos de los niños, asegurar su protección y garantizar su desarrollo integral.
Las vías judiciales son solo un componente para asegurar la protección de los niños. Y la jurisdicción penal, específicamente, se ubica al final del camino. Y esa vía penal compete a varias instancias: la que recopila pruebas, persigue a los criminales en flagrancia (Policía, CTI), investiga (Fiscalía General), juzga y condena (jueces) y la que vigila el cumplimiento de la pena (Inpec). En todas ellas hay fallas, y fallas graves. La ausencia de justicia no es por falta de leyes que impongan penas graves, sino porque la cadena de la justicia tiene hondas falencias.
Esta semana ha habido niñas violadas y quemadas, un niño secuestrado, otros más asesinados. Los gobernantes anuncian medidas, que consisten en más leyes y reformas constitucionales. Acudir a la vía del referendo es un despropósito, así sea para buscar mayor legitimidad política que empuje a la Corte Constitucional a avalar la cadena perpetua.
Pero como lo sustentó hace cinco años la Comisión de Política Criminal al hacer recomendaciones para evitar el populismo punitivo, no es la prisión perpetua, en un entorno de justicia fallida que no ejecuta las leyes existentes, la que va a evitar los crímenes contra los menores.
Hay leyes y penas estrictas para castigar estos delitos horrendos. Que se cumplan. Y que la sociedad entera, las comunidades, las familias, cumplan con su parte en la protección de los niños, sin esperar que sea solo el Estado el que vele por los derechos de los menores, que deberían ser garantizados por todos y cada uno de los ciudadanos.
