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La aspiración de todo presidente es dejar un legado y pasar a la historia como el que transformó el país que gobernó y lo dejó mejor de lo que lo encontró.
En el caso del presidente Gustavo Petro, a un año de concluir su mandato, aún no está claro cuál será la huella que dejará en la historia de Colombia.
Ayer, al cumplir tres años de haberse posesionado como capitán del barco, optó por no pronunciar su discurso desde el tradicional Puente de Boyacá, sino desde Leticia, Amazonas, para defender la soberanía del país en un litigio limítrofe que de repente se nos apareció con Perú.
Todavía el país no tiene claro si el asunto amerita abrir un litigio, como intenta el Presidente, o si le es útil como una cortina de humo más de las muchas que ha puesto en sus 1.095 días de mandato.
En estas mismas páginas ayer nos dedicamos a analizar un rasgo del carácter del mandatario en estos tres años de gobierno, hoy pondremos la lupa en algunas de sus realizaciones.
En una alocución transmitida por los canales privados de televisión, este martes, Petro expuso los que considera sus principales logros: disminución de la desnutrición infantil, reducción de la pobreza monetaria y del desempleo, mejoras en el agro y aumento de cupos educativos.
Cada uno de esos puntos admite matices y de hecho han sido analizados –y en no pocas veces relativizados– por expertos de toda índole. La caída de la mortalidad infantil, por ejemplo, responde a una tendencia sostenida durante dos décadas, no exclusivamente a esta administración. El desempleo ha bajado, sí, pero en gran medida por la expansión de la nómina estatal y los que consiguen ingresos por cuenta propia, no por la creación de empleo formal. El avance en el agro, por su parte, se explica más por el auge en los precios del café y el crecimiento en la pesca que por una política estructural del gobierno.
Aun así, es justo considerar como un signo positivo que algunas de estas variables hayan mantenido su rumbo de mejoría y que, en ciertos casos, el gobierno haya dado continuidad o incluso fortalecido políticas previas.
Pero no se puede obviar el otro lado del balance: Petro entrega hoy una nación más dividida, con un agravamiento del orden público, una crisis fiscal de grandes proporciones, el sistema de salud al borde del colapso por falta de recursos y cierre de servicios en clínicas y hospitales, y una profunda decepción en sectores marginados que esperaban el cambio prometido. Lejos de acabar con los “cien años de soledad” de las regiones apartadas, como proclamó en campaña, muchas de estas siguen sumidas en el abandono y ahora, lo que es peor, controladas por organizaciones criminales.
Y es que ese es tal vez el mayor descalabro del gobierno de Gustavo Petro: el desastre en el que se encuentra la seguridad y el orden público en el país.
En su discurso de posesión, prometió instaurar la “paz total” con todos los actores ilegales. “Este es el gobierno de la vida y la paz y así será recordado”, afirmó entonces. Pero la realidad es que más de la mitad de los municipios del país enfrentan serios problemas de violencia. Se han incrementado los asesinatos de líderes sociales, soldados y policías, al igual que las extorsiones y los desplazamientos forzados. El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que 2024 fue el año más crítico en términos humanitarios y de seguridad en la última década, y la situación empeoró en los primeros cinco meses de 2025: 524 personas heridas o muertas por artefactos explosivos (un aumento del 145% respecto al año anterior), 85.760 confinadas en sus hogares en 13 departamentos (169 % más que en 2024), y 58.160 desplazadas en 10 departamentos (117% de incremento).
El caso más dramático es el del Catatumbo, que vive el mayor desplazamiento de su historia por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. En el sur de Bolívar, el paro armado del ELN y sus choques con el Clan del Golfo han generado una situación crítica. Escenarios similares se viven en el Chocó —con 13 paros armados en este gobierno—, Cauca, Nariño, Putumayo y también en Antioquia, donde la Fuerza Pública mantiene abiertos 11 frentes contra las bandas criminales.
La más reciente encuesta de Invamer, revelada ayer, confirma el deterioro del clima de seguridad: el 66 % de los encuestados afirma que la política de “paz total” los hace sentir más inseguros, y el 74 % considera que el Estado ha perdido el control de los territorios dominados por grupos armados ilegales.
El temor de la ciudadanía es tan marcado que un 83,1 % de los colombianos rechaza que el gobierno libere cabecillas de organizaciones criminales como parte de esa política de paz.
Si Álvaro Uribe es recordado como el presidente de la seguridad democrática, y Juan Manuel Santos como el firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Gustavo Petro corre el riesgo de pasar a la historia como el mandatario que desmontó lo que se había construido en el siglo XXI en materia de seguridad y paz.