Pico y Placa Medellín
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Con tanto escándalo por estos días suelen pasar por debajo de la mesa temas de profundo interés para el país. En este caso, se trata de informes oficiales que demuestran cómo se están usando, con poca transparencia y menos eficacia, grandes recursos de inversión del presupuesto de los colombianos. A menudo preguntamos qué se está haciendo la plata, por qué no le alcanza al Gobierno, y aquí puede estar al menos una parte de la respuesta. La infraestructura vial rural de Colombia ha sido históricamente una deuda pendiente del Estado. Por eso, el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de un ambicioso programa para intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias generó gran expectativa. Bajo el nombre Caminos Comunitarios de la Paz Total, el presidente prometió conectar territorios históricamente aislados mediante la participación directa de las Juntas de Acción Comunal (JAC), con una inversión proyectada de 8 billones de pesos.
Pero dos años después no se ven los caminos construidos ni las comunidades transformadas, sino una red política de tránsito de recursos con escasos resultados y sin control. La Procuraduría ha identificado que cerca del 75% de los más de 1.000 convenios firmados en 2023 presentan serias inconsistencias: les dieron anticipos del 100% sin garantías de cumplimiento, algunos tienen avances físicos menores al 5 %, y los convenios nunca fueron publicados en el Secop II, con lo cual bloquean el acceso a la información de los ciudadanos.
A esto se suma la crítica de la Procuraduría ante la Corte Constitucional, en la que advierte una ventaja desproporcionada de las juntas de acción comunal al permitirles monopolizar la contratación de menor cuantía, que excluye a micro y pequeñas empresas, y crea un ecosistema propicio para el clientelismo y la instrumentalización electoral.
Según un informe de EL COLOMBIANO, el programa en Antioquia está en problemas: veredas como La María (Amalfi), Los Naranjos (Briceño), Cruces Damaquiel (San Juan de Urabá) y Corrales (Nechí) presentan avances inferiores al 5%, a pesar de que los fondos ya fueron girados en su totalidad. Se celebraron convenios por casi $22.500 millones, pero al cierre de 2024 solo se contaban 4 kilómetros de placa huella, 0,6 kilómetros de pavimento rígido y unas cuantas alcantarillas. El saldo entre inversión y resultado es desolador.
Más preocupante aún es que en los reportes oficiales del Invías, estas mismas obras aparecen como “terminadas al 100 %”. Esta desconexión entre la información oficial del Gobierno y la realidad evidencia no solo fallas de supervisión, sino posibles maniobras para maquillar una ejecución ineficiente o tal vez fraudulenta.
Este esquema, de entregar millonarios recursos a miles de Juntas de Acción Comunal para que ellos hagan sus propias obras, suena muy bien en la teoría. Sin embargo, si el Estado lo estructura sin transparencia se presta para la cooptación electoral de liderazgos locales. Que las comunidades estén agradecidas con un gobierno gracias al cual construyen “placas huellas” no está nada mal, si de verdad se hicieran las vías. Pero si lo que se hace es dar una suerte de regalo, en efectivo, a miles de juntas de acción comunal, estaríamos frente a otro fenómeno: el de “aceitar” estructuras comunitarias, de cara a las elecciones.
Este patrón no es aislado. El programa de Equipos Básicos de Salud, lo que el presidente Petro ha presentado como su revolución en salud, ha sido cuestionado por el giro de más de $1,6 billones sin trazabilidad. Solo se ha podido verificar el uso de $317.000 millones, mientras el resto se desvanece entre contratos opacos, compras de papelería y gastos sin relación con la atención médica.
Según otro informe de este diario, el presidente Petro aseguró que “ya van 90.000 personas de la fuerza de la salud” recorriendo el país, agrupadas en 10.800 equipos. Pero, esos datos no resisten el más mínimo contraste con la realidad. La diferencia entre lo que se anuncia y lo que existe es notoria. En Antioquia, de 1.267 equipos reportados por el Gobierno, solo 124 estaban activos. En La Guajira, de 155, solo funcionaban siete. En Magdalena, de 260, ninguno. Y Chocó solo 37 de 332 equipos.
La descentralización es un valor esencial del desarrollo del país, pero no puede sustentarse en atajos que evaden la planeación, el control y la rendición de cuentas. La construcción de vías rurales debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para abrir nuevas fisuras en el tejido del país.
No hay paz si los caminos se hacen con rutas opacas desde el Estado. .