El pasado diciembre se anunció que San Vicente Fundación decidió vender su participación accionaria en Cormacarena, la entidad que organizaba los festejos taurinos en Medellín. Consecuencia de ello fue la cancelación del programa que Cormacarena tenía para 2019. En ese momento se dijo que no habría temporada taurina en la ciudad, aunque los nuevos propietarios de la empresa, D’Group SAS, precisaron en ese momento que las puertas no estaban cerradas.
La realización o no de espectáculos taurinos o corridas de toros genera especial sensibilidad. Es un debate que está vigente en España y en todos los países donde hay corridas. Y que, por supuesto, no está resuelto y sobre el que nadie puede decir que tenga la última palabra.
Colombia fue durante décadas un país de apreciable afición taurina. Las ferias de Bogotá, Cali, Manizales, Cartagena y Medellín, por hablar de las ciudades principales, congregaban altas asistencias de público, amplia cobertura informativa y enorme actividad comercial y de ocio a su alrededor. En el caso específico de Medellín, el paso de los años ha venido acompañado de una disminución de los aficionados, bien sea por el costo de las entradas, bien por los argumentos expuestos por los antitaurinos y colectivos de defensa de los animales.
Ahora se confirma que un grupo mexicano alquilará la plaza de La Macarena y ofrecerá el próximo febrero algunas corridas. Y tan pronto como el anuncio fue el surgimiento de la polémica.
Lo primero que hay que decir es que se trata de una negociación posible entre empresas y amparada por la ley. Aunque hay cada vez mayor regulación legal sobre limitaciones o prohibiciones al maltrato animal, tanto la ley vigente como decisiones de la Corte Constitucional traen una excepción en el caso de las corridas de toros, como manifestación cultural y tradicional que no podría ser prohibida salvo por decisión del Congreso de la República mediante ley. Solo el legislador puede prohibirla. Ni siquiera los alcaldes tienen competencia para hacerlo, ha ratificado la Corte Constitucional.
Ahora bien, una cosa es la competencia de las autoridades y el ejercicio de las atribuciones legales, y otra el ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos. Los defensores de los animales están en plena libertad de manifestar sus opiniones, de expresarlas, de intentar convencer sobre la validez de sus argumentos. Esa libertad tiene como límite el derecho correlativo de los aficionados a asistir a las corridas de toros, libres de coacciones o de agresiones -físicas o verbales-. Y esos mismos aficionados deben tolerar las expresiones pacíficas de los antitaurinos que se oponen a esos espectáculos.
En Medellín podrán realizarse corridas de toros y a la vez convocarse manifestaciones en contra. No se dirimirá por lo pronto si las corridas seguirán por muchos años o no, pues es un debate ciertamente largo que no se va a resolver este año.
El mundo taurino resiste aunque es verdad que cada vez hay más plazas vacías. Sus razones basadas en el arte, la plasticidad, el colorido del espectáculo, las tradiciones, la continuidad de la existencia de la raza de las reses bravas -posible, a su juicio, solo en cuanto haya corridas- se enfrenta a una creciente sensibilidad en contra del trato a los toros durante la lidia. Hay una evolución cultural que impone, en paralelo, unas respuestas que las gentes del mundo del toro bravo deberán ofrecer sobre el componente -evidente- de violencia que incorpora su espectáculo.
