Llegó la hora de combatir con decisión absoluta, si se quiere histórica, el conjunto de los actores de las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. Ese complejo entramado que cruza los brazos militares, financieros, políticos y económicos de una superestructura criminal cuya cúpula, aunque golpeada y reducida, continúa activa.
Es una “misión superior”, como se le llamó en otro editorial, para la que se requiere una alta dosis de perseverancia, inteligencia (policial, judicial y política) y de militancia, transparencia y compromiso de los estamentos institucionales en los niveles local, departamental y nacional, en los terrenos de lo público y lo privado, y desde los gobernantes y su fuerza pública hasta los ciudadanos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está hablando de un tema frente al que anteriores autoridades apenas dieron declaraciones pasajeras y capotazos evasivos mientras que el toro miura del crimen organizado crecía y se fortalecía: esa bestia que recibe y bombea sangre alimentada por células diversas de poderes ilegales y de otros de apariencia legal.
Ese es el TEMA ancho, largo y profundo en torno a la seguridad de Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia. Una mezcla de mafias con super poderes que escondidas tras el telón de parte de los escenarios y actores de la vida política y empresarial operan, maquinan, una estructura que pasa por el lavado de activos, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otro sinfín de actividades criminales y fachadas.
En esa crucial y arrojada tarea, el alcalde de Medellín requiere del concurso de los demás alcaldes del área metropolitana e incluso del gobernador de Antioquia y de los mandatarios de subregiones estratégicas larvadas por algunas empresas criminales de las que hablamos: Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio y Atrato-Pacífico, entre otras.
Es hora de un deslinde definitivo entre quienes aceptan, apoyan y estimulan la legalidad concebida en la integridad de una sociedad y unos sujetos regidos por los marcos legales y la Constitución, y quienes quieren acumular fortunas producidas en los bajos fondos delincuenciales, trajeados a necesidad.
Medellín no puede desgastarse más, ni reducirse solo a capturar a una generación tras otra de jefes de bandas y combos, mientras que los capos ocultos de aquellos “muchachos que hacen el trabajo sucio en las calles” continúan entreverados en el poder, llenando sus arcas con el dinero de negocios mafiosos y, lo peor, que parecen intocables y muchas veces aceptados.
En este empeño, las autoridades de Medellín requieren concertar con el Gobierno Nacional y recibir su apoyo, porque estas estructuras por supuesto tienen asiento, con el mismo perfil descrito, en otras regiones del país. Esta etapa sofisticada y valerosa de acción contra “los jefes de jefes” demanda total respaldo del presidente Juan Manuel Santos y su aparato policial y gubernativo.
Ardua debe ser también la tarea de depuración y compromiso de la Policía y la Fiscalía. Sin ellas y sus hombres en la actitud de lucha requerida, será imposible golpear las cabezas de estructuras criminales tan enquistadas y poderosas. Sin estar blindadas contra la corrupción millonaria de aquella hidra, cualquier batalla resultará estéril.
La confianza en que el Estado y el gobierno se relegitimen está en su capacidad de purgar errores y debilidades. Y esta fase demanda el concurso de todos los aquí citados.
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