Sigue creciendo el número de candidatos presidenciales para las elecciones del año entrante, y se da la particularidad de que varios de ellos, que han hecho su carrera política en partidos y movimientos muy definidos -incluso pasando por diferentes-, van a inscribirse no por esos partidos, sino por firmas.
Hasta el momento, diez de los candidatos han anunciado que se inscribirán mediante el mecanismo de firmas, previa constitución del comité promotor del que habla la ley. Entre ellos, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Clara López, Gustavo Petro, Alejandro Ordóñez y, para general sorpresa, Germán Vargas Lleras. Si había alguno con una organización política consolidada era este último. Que haya decidido lanzarse por vía de firmas ciudadanas hacen de este mecanismo el foco de interés, pues no es gratuito que políticos que dominan toda la urdimbre del oficio electoral opten por este camino.
Es evidente que una de las razones de mayor peso para buscar la inscripción por firmas es el lastre que conlleva el desprestigio de los partidos políticos. Estos representan, ante todo, los intereses de sus dirigentes. Pueden tener simpatizantes pero muchos de ellos tienen reducido número de afiliados.
Otra razón es que los candidatos por firmas consideran que inscribirse mediante apoyos por firmas los libera de ataduras con organizaciones que, más pronto que tarde, de inmediato asuman el poder o cualquier otro cargo de representación política, les extenderán las cuentas de cobro y exigirán los nombramientos comprometidos en toda campaña. No obstante, aunque la candidatura por firmas puede dar algún espacio de libertad al candidato, cuando este asuma la Presidencia tendrá que acudir, en todo caso, a la negociación política -con sus componentes clientelistas, burocráticos, económicos, entre otros- con los partidos con representación en el Congreso para poder ejecutar sus planes de gobierno.
La última elección presidencial que llevó a la Casa de Nariño al representante de un partido organizado fue la de 1994, con Ernesto Samper como candidato único y oficial del Partido Liberal. Desde esa época los ganadores han sido elegidos por coaliciones, firmas o movimientos de efímera trayectoria.
La inscripción por firmas, desde que tuvo vía libre a partir de la Constitución de 1991, ha tenido mucho sentido en elecciones locales y regionales, donde los liderazgos cívicos se han liberado de los condicionamientos y limitantes de los partidos políticos anclados en el clientelismo y la burocratización.
Para las elecciones presidenciales, la inscripción por firmas puede tener contradictores desde la óptica de la teoría política, pero en el actual sistema colombiano no genera objeciones insalvables. Hay críticas, como las que hace la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, que hay que atender: efectivamente, los candidatos por firmas tienen un tiempo mayor con posibilidad de hacer proselitismo, y los deberes legales de rendir información sobre las cuentas son más difusos.
Sin embargo, mientras el estado de los partidos y movimientos políticos en Colombia sea el que es, sin que ninguna de las numerosas reformas políticas haya cambiado para bien su funcionamiento, será habitual ver incluso a los políticos más tradicionales buscar el resguardo de las firmas -diluyendo de paso las jefaturas alternas de una organización política- para presentarse a las urnas como voceros de un poder ciudadano que, a la larga, también se diluye una vez pasadas las elecciones.
