La situación del municipio de Bello es de máxima preocupación: continúa la guerra entre bandas y los asesinatos no se detienen. En 2018 fueron 72 muertes violentas y en lo que va de 2019 ya se reportan 50 homicidios. Una tendencia que, de no ser frenada mediante el concurso de acciones de gobierno y despliegue policial, configura mes a mes una ciudad estremecida por el hampa y la violencia, con los civiles en medio.
Los líderes comunales alzaron la voz pidiendo a los grupos de delincuencia organizada que respeten a los ciudadanos ajenos a la confrontación. Y es apenas comprensible que también clamen la intervención de los diferentes niveles de gobierno (local, departamental y nacional) y el refuerzo de la Policía Metropolitana en su territorio.
Los constantes ataques y amenazas, dados los choques entre las bandas Pachelly, de un lado, y El Mesa y Niquía, del otro, producen confinamiento y zozobra permanentes. Estar en el lugar equivocado al momento de una balacera, ser señalados de dar información a cualquier bando, negarse a servir a los intereses de algún grupo, son riesgos que la gente busca esquivar.
La cobertura informativa de medios como EL COLOMBIANO y Q’HUBO, también ha sido señalada de parcialidades inexistentes, porque es claro el deber de reporteros escritos y gráficos de tomar partido solo por la verdad, el registro riguroso de los conflictos y problemas y la búsqueda de soluciones y de bienestar para la comunidad bellanita.
Las tensiones recientes en Bello llevaron incluso a señalamientos contra un equipo periodístico de esta casa editorial, situación que ya está en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la misma Policía. Nuestro deber es y será informar con independencia, de manera imparcial y oportuna, sobre la gravísima crisis en Bello.
Es inconcebible que una ciudad con más de 700 mil habitantes, ubicada en un corredor estratégico de movilidad del Valle de Aburrá hacia el norte de Antioquia y del país, continúe sometida por la guerra territorial y las pugnas por rentas ilegales, entre bandas cuyo recorrido histórico debe suscitar una honda reflexión y acción de las autoridades regionales y nacionales.
Insistimos en la importancia determinante que tiene Bello en las dinámicas amplias de seguridad del área metropolitana; su impacto sobre Medellín y otras vecindades y su proyección e influjo en el norte de Antioquia: San Félix, San Pedro, Yarumal, Briceño, Valdivia, Ituango, Tarazá, Cáceres y Caucasia, entre otros.
Las certezas y los mitos que rondan el nuevo capítulo de la disputa entre bandas de avezados jefes responsables de extorsiones al comercio y la construcción, vinculados a estructuras internacionales del narcotráfico y autores de homicidios, desplazamientos y expropiaciones, deben ser dilucidadas y combatidas por la Policía y la investigación judicial, con políticas firmes de gobierno. Bello navega hoy en aguas muy turbulentas.
También debe ser clara e inequívoca la actitud de rechazo, transparencia e intervención de los organismos de gobierno frente a un “estado de cosas” que revela preocupantes cercanías entre actores políticos y funcionarios con grupos ilegales de presencia larga y dañina para Bello y su gente.
Ante estadísticas tan críticas, ante el desorden público imperante, ante tanta muerte, apenas queda ver y sentir la reacción vigorosa del Estado.
