A siete meses del cierre de mandato y ad portas de la entrada en vigencia de una nueva “ley de garantías”, que restringe las contrataciones oficiales, difícilmente los alcaldes del Valle de Aburrá cumplirán con sus planes de desarrollo (2016-2019). Hay que apurar el paso, pero con planeación y atención a las demandas ciudadanas.
Un análisis al respecto, publicado el fin de semana por EL COLOMBIANO, demuestra que, en promedio, los diez alcaldes del Aburrá han ejecutado el 78 % de lo que prometieron en campaña, ratificaron y validaron ante sus respectivos concejos y consignaron como metas de gobierno.
El atraso o incumplimiento en iniciativas, algunas de ellas expuestas como banderas de gobierno, sobre todo en temas de seguridad, empleo y movilidad aún están en deuda, generando toda suerte de críticas y desilusiones por parte de la comunidad. No obstante los atrasos, algunos por falta de planeación, manejo del tiempo, recursos e incluso investigaciones judiciales enredan el desempeño administrativo en las alcaldías de Bello, Barbosa y Envigado, se espera que en el cierre de los mandatos no se repitan las ferias de contrataciones de última hora, endeudando los municipios más allá de sus capacidades en obras de sello y recordación personal, en contravía de las necesidades ciudadanas.
En detalle, Medellín, con un presupuesto récord de $20 billones y que se trazó un reto de realizar 1000 obras presenta una ejecución del 72 % de su plan, pero espera entregarlo en 95 %. En una situación similar están las alcaldías de Caldas, 70 %; Copacabana, 72,1 %; La Estrella, 73 %, y Girardota, 76 %, todas cuatro con presupuestos que sumados no alcanzan los $800.000 millones.
Los máximos avances en ejecución presupuestal los registran Bello, 87,09 %; Sabaneta, 85,50 %; Itagüí, 82,51 %; Barbosa, 81,76 %, y Envigado 81,10 %. Envigado, con $2,06 billones; Bello, $1,45 billones, e Itagüí, $1,56 billones tienen los más altos presupuestos después de la capital antioqueña.
De Medellín se resalta haber logrado (2018) el nivel más alto de calidad de vida en los últimos diez años, con 49,3 puntos en lo urbano y 41,9 en lo rural, esto comparado con 2010 cuando se llegó a 47,2 y 38,6 puntos en tales items. También en 2018 alcanzó un puntaje de 87,7 % en el Índice de Desempeño Institucional en Gestión Pública, que lo dejan en el primer puesto nacional entre ciudades capitales e intermedias. En esta misma medición Envigado fue tercera en Antioquia. Las demás alcaldías del Aburrá, en el conjunto de las 5.200 entidades del orden territorial y nacional medidas, aparecen por encima del puesto 262, la peor de todas Barbosa, en el renglón 1405 en medición de gestión del desempeño.
Llama la atención que la mayoría de los alcaldes destaquen en sus balances sus logros en cemento, mientras que las comunidades les reclaman por su falta de gestión en lo social: empleo, vivienda, salud, educación de calidad secundaria y universitaria; recreación, medio ambiente y seguridad.
Sobre esto deben tomar atenta nota aquellos que hoy aspiran a sucederlos y elaboran sus estrategias claves de futuros mandatos para cautivar electores. No está mal el cemento, pero hay que sintonizarse con las necesidades de las comunidades.
El Aburrá es una zona conurbada, con problemas y desafíos de desarrollo comunes, que exigen trabajo coordinado entre las distintas administraciones, el cual no funcionó en el actual periodo. Todo aquello que sucede en empleo, seguridad, salud, educación, contaminación, movilidad, densidad poblacional, espacio público, recreación, cultura, para bien o para mal, en cualquier municipio impacta al resto. Es hora de que potenciemos una arquitectura social, ambiental y física conjunta y realmente sostenible para los diez municipios del Aburrá, lo otro es seguir remando contra la corriente.
