El 2015 termina con la promesa reiterada del presidente Juan Manuel Santos de que la paz es posible y que Colombia, como nunca antes, está cerca de alcanzarla.
La meta está respaldada por dos hechos esenciales: la tregua unilateral decretada por las Farc desde mitad de año se ha cumplido en un 98 por ciento y, en un hecho considerado histórico, las partes firmaron el acuerdo sobre Víctimas y Justicia Transicional.
En el año que comienza en unas horas, las exigencias de la opinión pública, y en particular de la oposición política al Gobierno y al proceso, llegarán al límite: Santos no puede permitir más alargues e indefiniciones de la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.
Hay una fecha tentativa -oficializada por el mismo Presidente-, el 23 de marzo. En la eventualidad de requerir unos días o semanas más, el país no entendería que en La Habana no se suscriba el documento en el primer semestre de 2016. El tiempo se agota.
En ese contexto, será fundamental conocer si las Farc entregarán o dejarán las armas, y en qué condiciones. La incorporación de esa guerrilla a la legalidad y a la vida política no admite asomo alguno de combinaciones de las formas de lucha.
El adiós a las armas de los subversivos debe ser definitivo y verificable. Cualquier término medio sería una amenaza de repetición y una ofensa a las víctimas del hoy y a las potenciales del mañana. Las Farc deben dejar de ser, para la evidencia histórica, fuerzas armadas ilegales, sin retorno.
Por su parte, en el campo político se someterá a prueba el liderazgo y credibilidad de nuestros gobernantes. Con un plebiscito no aceptado por las Farc y con umbrales confeccionados a la medida, queda por ver quién es el líder que haga creíble que lo acordado en La Habana es lo más conveniente. Que las concesiones hechas por el Estado tienen plena justificación. De igual forma, quedará por ver quiénes serán los jueces que aplicarán la cuestionada justicia transicional.
En materia económica, para Colombia, el 2015 cierra en medio de un escenario interno menos favorable que el vivido durante lo corrido de la presente década pero, frente a lo que acontece en otras economías, el desempeño es relativamente aceptable.
Entre los retos para el próximo año está la necesidad de recuperar la estabilidad macroeconómica, lo que obliga llevar la inflación a la meta de largo plazo (3,0 por ciento). Igualmente, se requiere reducir el déficit fiscal, lo que demanda la aprobación de la tan esperada reforma tributaria estructural.
Asimismo, es necesario impulsar las exportaciones para que el déficit comercial comience a revertirse. En este propósito es fundamental la recuperación de la industria y el mayor crecimiento de la agricultura.
Frente a la necesidad de asegurar el crecimiento y en especial la generación de empleo, el Gobierno debe garantizar que los programas de vivienda e infraestructura conserven su dinámica.
En materia social, se requiere sostener el impulso dado a la educación al tiempo que mantener activos los programas sociales para la superación de la pobreza.
Por último, el principal reto ambiental que enfrenta el país es el manejo y la gestión que las diversas autoridades y la comunidad en general deben darle al severo Fenómeno de El Niño que se presenta y a las consecuencias económicas y sociales que del mismo se derivan.
