La Carta del 91 nos da el deber a todos los ciudadanos de ser parte activa en la prevención o control de emergencias, incluso, la Ley 1523 de 2012, ratifica esa norma constitucional. En ese sentido no es solo el Estado el único responsable de estos hechos. Si los colombianos cumplimos con la premisa de prevenir los desastres, las ocurrencias de eventos donde se pierden vidas, flora, fauna y recursos materiales no serían tan lamentables. Los incendios estructurales, inundaciones, avenidas torrentosas y otros accidentes son la manifestación de la forma irresponsable como nos relacionamos con la tierra y la forma al construir sin respetar los retiros de los afluentes o las zonas de ladera. De ahí tragedias como la de Mocoa, que se pudo prevenir. El caso de Bello es el mismo de muchas otras comunidades antioqueñas en las que por falta de planeación o la nula intervención de las secretarías de planeación se permitieron construcciones dentro de los retiros de ríos y quebradas. Hoy los controles son más rigurosos y hay políticas muy serias desde la Nación, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías, que deben cumplirse. No podemos seguir viviendo en medio de la cultura del riesgo, construyendo de cualquier forma y en cualquier terreno, arriesgando vidas y recursos.
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