Hay varios fenómenos, con diferentes lógicas: es natural que estas personas, una vez amnistiadas, si no tienen que responder por delitos de lesa humanidad, se incorporen a la vida civil y normal. Es comprensible que quienes estuvieron alejados de sus familias por largo tiempo vuelvan a sus sitios de origen. Es una opción respetable y legítima.
Pero hay otro fenómeno: el peligro de que haya personas que sean tentadas por los grupos armados que subsisten. Ahí hay que poner de presente que el Estado no ha cumplido de manera satisfactoria su compromiso de una reincorporación rápida y de alternativas diferentes a la ilegalidad.
El Presidente anunció unos consejos de reincorporación locales que deben operar lo más pronto posible y estructurar un plan eficaz.
También hay denuncias puntuales de hechos de violencia contra exguerrilleros y sus familiares. Hay alarmas en algunas zonas veredales. Es un factor de preocupación y es necesario que haya seguridad y presencia integral del Estado. Se debe avanzar en la desactivación de otros actores de violencia como el llamado clan del Golfo, frente al cual hay un proyecto de acogimiento a la justicia. Hay que agilizar, entre tanto, los proyectos productivos.
Lo que ocurre merece atención y preocupación, pero sobre todo actuar sin alarmismos y con eficacia.
