La decisión del Presidente Duque de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es un atentado a la separación de poderes y viola de manera flagrante las decisiones que ya había tomado la Corte Constitucional.
Si bien, de cara a una Ley Estatutaria el Presidente puede objetar por razones de inconveniencia, en la práctica está disfrazando de inconveniencia una serie de discusiones constitucionales que ya fueron resueltas por la Corte.
No tiene ningún sentido que en este momento nos dediquemos a perder tiempo por meses o, quizás hasta un año, en disputas entre el Congreso, la Corte y el Presidente cuando al final muy seguramente le ordene al Presidente sancionar la ley como venía.
A víctimas, excombatientes y a los militares que están rindiendo cuentas ante la JEP, un mensaje de tranquilidad: el Congreso NO tiene competencia para pronunciarse sobre objeciones que ya fueron resueltas por la Corte Constitucional.
