En Bogotá, como en otras ciudades del país, se movilizaron miles de taxistas para reclamar contra la inacción del gobierno Santos frente a la ilegalidad de la multinacional Uber. Medio millón de personas son conductores o propietarios de taxis y cumplen con las leyes del transporte, la buena fe comercial y la Constitución, cosas que no hace Uber.
Y aunque es cierto que en el servicio de taxis hay problemas de calidad, estos, para beneficio de los usuarios y del gremio, deben arreglarse dentro de la legalidad y la técnica.
Los graves efectos que está causando permitir la flagrante ilegal operación de Uber se le están saliendo de las manos al gobierno Santos.
¿Cuál es el mensaje que la cúpula del poder le quiere mandar a quienes sí cumplen las normas? Además la inapropiada lógica que se impulsa de que no importa la violación de la ley porque la hace una transnacional, es un pésimo ejemplo para la sociedad.
Se puede abrigar cualquier valoración sobre el servicio de taxis, y yo soy de los que creen que hay que mejorarlo, pero cualquier solución debe empezar por modificar conductas equivocadas y muy graves, y más viniendo de quienes vienen: ¿El Estado colombiano seguirá tolerando que una transnacional, en sus narices y de manera contumaz, viole la Constitución y la ley?.
