Este acuerdo confirma los temores que tiene el 80 por ciento de los colombianos y que comparte el Centro Democrático: se garantiza que no habrá cárcel para los crímenes de lesa humanidad de los guerrilleros de las Farc.
Basta con que reconozcan sus delitos, para que simplemente cumplan sanciones simbólicas como limpiar parques o sembrar lechugas, las cuales no se corresponden con la gravedad de los crímenes cometidos (secuestros, reclutamiento de niños, esclavitud sexual, abortos forzados, masacres y fusilamientos, entre otros).
La justicia transicional y el Estatuto de Roma señalan con claridad que el castigo debe ser acorde con la gravedad de los delitos. Y estas penas que se les impondrán serán ridículas, una caricatura. Hay un principio: ni la verdad ni la reparación sustituyen la sanción. Son solo para recibir beneficio en el tiempo de cárcel.
Pero, además, este acuerdo garantiza que no habrá extradición de los criminales de las Farc en ninguna circunstancia.
Nos quedamos sin mecanismos de presión para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la no repetición. Contrario a lo sucedido con los jefes paramilitares a quienes se extraditó por seguir delinquiendo y que cumplen penas aún mayores en E.U..
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