Una medida así tiene que ser voluntaria y educativa, para que se vuelva costumbre. Formar a niños, jóvenes y comunidad en la protección del medio ambiente, para que haya, en este caso, utilización responsable del vehículo privado.
En Medellín la medida es coercitiva, obligatoria, mientras que en otros municipios es pedagógica. Una ciudad innovadora no puede ser una mala y deficiente copia de lo que se hace en Bogotá. Se debe innovar, precisamente, con el proceso cultural y educativo.
Es una medida vencida, agotada y que no tiene sentido repetir cuando reduce ventas y trae pérdidas a la economía del Valle de Aburrá. Es sinónimo de un día sin trabajo: hay menos ventas y no ingresos del orden de 50 mil millones de pesos. De ellos, 20 mil son pérdidas irrecuperables.
Restaurantes, centros comerciales, estaciones de gasolina, servitecas y talleres de mecánica y concesionarios dejan de atender porque su actividad se vincula al automotor.
Los supermercados ven afectada su actividad. Las ventas decaen notoriamente y las obligaciones son las mismas. Igual, hay 100 mil personas que tienen su vehículo como medio de sustento.
La medida afecta la calidad de vida de miles de hogares. Y los servidores públicos no pueden provocar eso, menos en un momento de ejecución de importantes obras que golpean el comercio y la movilidad: tranvía, intercambios de El Poblado, parrillas de EPM en el Centro y ahora Parques del Río. Además de 96 días de pico y placa. La movilidad trae costos altísimos en productividad, y aquí se afecta.
