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Finalmente el Gobierno impuso su voluntad de vender en forma directa, que no subastar como lo ordena la Constitución y la ley, no solo su propiedad accionaria (57.61 %), sino que de paso se llevó y perjudicó a los otros accionistas: los minoritarios con un 20.36 %, los fondos de pensiones con un 8.89 % y a las Empresas Públicas de Medellín, a las que también le vendieron sin su consentimiento el 13.14 % de su participación en Isagén, el equivalente a 398.4MW y similar a la capacidad de El Quimbo,...
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