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El gobierno acaba de presentar su propuesta de estatuto antiterrorista. Lo primero que debo decir es que acierta en dos puntos fundamentales: atacar las finanzas de las organizaciones criminales, privilegiando la delación y el control carcelario. La experiencia comparada con otros países (el más cercano México y más allá, especialmente Italia) probó que la lucha antimafia obtuvo resultados positivos cuando se afectaban los ingresos producto de infinitos recursos obtenidos por diversas formas de economía ilegal: narcotrafico, minería, extorsión, lavado de dinero, tráfico de migrantes, y deforestación. Si a esto se suma el control de la extorsión desde las cárceles, el camino está bien planteado.
Ha sido positivo el traslado de cabecillas y delincuentes de todo tipo de las prisiones donde actuaban a su acomodo. Es clave que esos traslados sean periódicos, para evitar que lleguen a crear las redes de sus negocios en los nuevos establecimientos.
Hay otros elementos que me parecen valiosos y que se inspiran en las listas OFAC de Estados Unidos y la designación FTO, como el registro nacional de actores terroristas. Pero se deben establecer criterios claros para determinar quién entra y por qué: si requieren como en la Unión Europea, decisiones judiciales previas o no; si entran las personas o las organizaciones en colectivo; si tendrán una revisión cada determinado tiempo y quién la hará. Esa revisión es importante si en algún momento se establece para alguna de estas organizaciones una negociación por la vía del sometimiento, pues, al hacer parte de la lista criolla, no tendría espacio.
El otro tema, sobre el cual ya se han pronunciado varios analistas, es la definición urgente de terrorismo.
Vuelvo a llamar la atención, como en columnas pasadas, sobre la estrategia de capturas o aniquilamiento de cabecillas de alto valor. Se reproducen. Casi que es un incentivo perverso.
La creación de un alto comisionado para el terrorismo resulta articuladora, pero sin funciones claras su papel puede terminar pisándole los talones al ministro de Defensa. Sería fundamental que este alto comisionado tuviera a su cargo el cumplimiento de las garantías sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, y evitar a como dé lugar las violaciones que se pretendieron ocultar bajo el estatuto de seguridad de Turbay. Mucho cuidado con la restricciones a las libertades individuales, con cualquier medida sin orden judicial y con criminalización de organizaciones humanitarias y comunidades.
Posdata: ¿Cuándo se sabrá cómo se garantizará el cumplimiento de compromisos adquiridos en los territorios en el marco del proceso de paz?
