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Llevo un par de años advirtiendo que el comportamiento demográfico en Colombia cambió de manera radical y plantea un desafío colosal. El promedio de vida aumentó a 77,5 años. En paralelo, hubo 433.678 nacimientos el año pasado, una caída del 4,5% frente a 2024. Nuestra tasa de fertilidad, 1,0 en 2025, es la más baja de América Latina. Para 2050, uno de cada cinco colombianos tendrá más de 65 años. Y si en 2023 había 6,6 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, las proyecciones advierten que hacia 2070 serán apenas 2,4.
El país envejece mucho más rápido de lo que adapta su economía, alterando la sostenibilidad del aparato productivo y fiscal. Los datos del Estudio Especial del Banco de la República, “Cambio demográfico y sus impactos económicos en Colombia”, son contundentes. Las alarmas están encendidas y el análisis técnico obliga a plantear soluciones estructurales e inmediatas.
La transición cambia la ecuación de las pensiones, la salud, el cuidado y el crecimiento. Habrá menos trabajadores sosteniendo las necesidades de una población mayor. La reforma pensional de Petro no resuelve el problema de fondo; al contrario, lo agrava al basarse en un modelo insostenible que recarga las obligaciones fiscales sobre las futuras generaciones.
El país llega mal preparado a esta encrucijada. La informalidad general, del 55%, significa que menos de la mitad de los colombianos cotiza para pensión y aporta a salud. Por otro lado, la productividad es baja, entre otras razones por la deficiente calidad de la educación, como prueban los resultados de PISA. Hoy solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación recibe una pensión. Para las mujeres la cobertura es todavía menor, una brecha explicada por la informalidad laboral femenina y las pesadas cargas históricas de cuidado no remunerado.
Ante esto, debe garantizarse un piso de ingresos digno para quienes llegarán a la vejez sin pensión, mediante mecanismos solidarios y fiscalmente sostenibles. La ruta correcta es aumentar progresivamente el subsidio del adulto mayor blindando la viabilidad fiscal, tal como lo demostramos desde el Centro Democrático al promover la ley 1912 de 2018. Paralelamente, se debe construir un sistema nacional de cuidado. Aumentar la participación laboral femenina requiere guarderías y educación preescolar de calidad que liberen tiempo que hoy millones de mujeres destinan al cuidado doméstico. Desde el CD hemos dado pasos firmes con iniciativas como la ley ‘Estado Contigo’, priorizando el apoyo a madres cabeza de familia.
Con una población activa decreciente, urge aumentar la productividad mediante mejor educación, formación técnica, adopción tecnológica y formalización empresarial. Asimismo, se debe adaptar el mercado a una sociedad longeva: facilitar jornadas flexibles, capacitación constante y contratación formal de trabajadores mayores, además de desarrollar la “economia plateada” en salud, vivienda y esquemas financieros. El gasto público también tendrá que cambiar, redireccionando los recursos que se liberen en educación infantil hacia las necesidades de salud, cuidado y protección en la vejez.
Colombia tendrá que abordar esta discusión sin dogmatismos ideológicos. Vivimos más años y muchas personas conservan su experiencia y plena capacidad laboral. No tiene sentido que el mercado expulse anticipadamente ese valioso capital humano. Deben crearse condiciones para que quien quiera y pueda seguir activo lo haga, promoviendo flexibilidad y una transición gradual hacia el retiro.
No existe una reforma mágica. Se necesita disminuir la informalidad, protección para quien no se pensionó, equidad de género, productividad y oportunidades reales para una población que vivirá más tiempo. Colombia no puede detener el envejecimiento, pero sí debe prepararse adecuadamente.
