viernes
3 y 2
3 y 2
Servicios Públicos para el público
Las comisiones reguladoras han puesto la rentabilidad financiera por encima de los fines esenciales del Estado, evitando darle cabida y valor a un término que se olvidó con la aplicación del modelo neoliberal: la rentabilidad social.
Esta semana el presidente Gustavo Petro le informó al país que asumiría de manera temporal el control de las tarifas de servicios públicos, sustentado en la función constitucional que le otorga el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Rayos y centellas cayeron por todo el territorio nacional. Se presentan algunos elementos importantes para el análisis.
Comencemos con algunas cifras: el gas subió el 21.9% en el último año y la energía el 22.8%, el aumento fue casi de 10 puntos porcentuales por encima de la inflación que cerró en 13,12 % en 2022. Así las cosas, la pregunta es ¿por qué suben a esta velocidad las tarifas de servicios públicos en Colombia?
Hoy la energía está subsidiada en un 60% para el estrato uno, en el estrato dos en un 40% y el estrato tres en un 15%. A este panorama se suma la moratoria en el pago de servicios públicos que en la costa atlántica alcanza el 40%, fenómeno que se explica desde la pobreza y desde una disyuntiva de las comunidades: “pago o como”.
Las comisiones reguladoras han puesto la rentabilidad financiera por encima de los fines esenciales del Estado, evitando darle cabida y valor a un término que se olvidó con la aplicación del modelo neoliberal que es la rentabilidad social, es decir, la utilidad económica por encima de los derechos ciudadanos.
No se trata de castigar o negar la necesidad de que empresas públicas y privadas prestadoras de servicios públicos renuncien a unas tasas de ganancia justa y suficiente, pero tampoco se trata de acompañar rentabilidades exorbitantes que en fin de cuentas sacrifiquen las condiciones de vida digna de los y las colombianas, se trata fundamentalmente de mantener unas ganancias justas que fortalezcan a las empresas del sector, pero con un control estatal suficiente que permita el acceso total y en óptimas condiciones a los servicios públicos domiciliarios con tarifas justas.
En el caso de Medellín, contamos con Empresas Públicas de Medellín, EPM, la empresa de servicios públicos más grande del país, pero no tenemos los beneficios propios de semejante privilegio. Seguro muchas personas me dirán que las transferencias de presupuestos e inversiones al Municipio son la forma de devolver a las comunidades el beneficio, esto en principio sería correcto, pero la verdad es que EPM se ha convertido en la caja menor de la Alcaldía y no ha logrado la inversión en el gasto público social como herramienta para el cierre de brechas y el cumplimiento de la más importante obligación del Estado, que es, sin duda alguna la creación de condiciones de vida digna para todos y todas.
El debate está abierto, es hora de profundizar en la rentabilidad social que implica mejores condiciones de vida para los habitantes y garantizar el enfoque constitucional para el que fueron creadas las empresas de servicios públicos y su régimen de tarifas enfocado en la solidaridad y la redistribución de ingresos
