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La semana pasada fue de temblores. No solo movimientos telúricos con réplicas que desataron pánico, sino el sismo originado en los agarrones nacionales. La economía se estremeció al desacelerarse con crecimientos insignificantes. Se desplomó la inversión privada. Hubo, más que la incertidumbre geológica, perplejidades sociales y políticas.
Consecuencialmente el optimismo de los colombianos –medición de Invamer Poll– se fue de bruces. Persistía el desbarate del orden público –hecho ratificado en cifras contundentes de la ONU, del Defensor del Pueblo–con 380 municipios declarados en riesgo electoral a 70 días de los comicios regionales y trece alcaldes expulsados de sus despachos por los violentos, ejerciendo sus funciones lejos de su jurisdicción natural. Y para darle más realismo mágico al escepticismo y la pugnacidad, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, calificó de hipócritas a los gobernadores del país por el delito de reclamar una mayor atención e interlocución con el Jefe de Estado para combatir con eficacia el desorden público causado por todos los actores del conflicto que cada vez atemorizan, acorralan y agudizan la ruptura de la paz ciudadana. La áspera respuesta ministerial fue tan hiriente y desproporcionada que hasta el gobernador de Antioquia, que meses antes había colmado de elogios zalameros al presidente Petro en su visita a Urabá, firmaba el documento/amonestación.
A medida que transcurría la semana sísmica, el gobierno arreciaba sus confrontaciones con las fuerzas vivas, sociales y económicas del país. La emprendió contra la Federación Nacional de Cafeteros, amenazando con terminar el contrato que tiene el Gobierno con ella para administrar el Fondo Nacional del Café. ¿Una revancha para desquitarse de la elección de un gerente general que no era de la cofradía de sus compadres? De encima a esa semana de temblores y conflictos, criticó los TLC suscritos por Colombia con los Estados Unidos y otros países.
Día a día de la convulsionada semana, los saldos en rojo de la contabilidad de inseguridad nacional se incrementaban. En doce meses de gestión petrista, 52 masacres y 38 policías asesinados. Se duplicaba en seis meses el secuestro. La Paz Total, antes de nacer, se desvanecía. Firmantes de armisticios y de treguas, los violaban. Los ilegales recuerdan de memoria la cartilla del gobierno nacional de que violando acuerdos y armisticios, lo ablandan. Táctica que les ha dado inmejorables resultados así sus efectos sean contra la inerme población civil y contra unas fuerzas militares que, amarradas, no pueden cumplir con su deber constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los colombianos.
Y el bizcocho envenenado no se podía quedar sin su cereza. La pusieron de la mano Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Se ratificaban las pruebas del aporte de $3.540 millones ilícitos al ahora llamado “Nobel de Odebrecht”. Petro no asistió a clausurar la asamblea anual de la Andi. El primero se enreda en litigios. El segundo pasó factura a los empresarios por la “rajada” que 500 de ellos, encuestados por el diario La República, le dieron a su primer año de gobierno.
¡Al fin terminó una semana más de escándalos en un país con gobierno descontrolado!.
