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Seguridad, seguridad, seguridad, es la demanda que se hace en cada pueblo, en cada barrio, en cada hogar del país. Desde San Juan de Urabá a Florencia, de Leticia a Turbaco, de Cúcuta a Dosquebradas, no hay rincón de Colombia al que vaya en que el reclamo no sea ese. El ciudadano está agobiado por la violencia en los campos, y la inseguridad en las ciudades, y se siente absolutamente desprotegido.
La “paz total” ha sido un fracaso total. Este supuesto gobierno “de la vida” en realidad es de una “paz mortal”. Una combinación desastrosa de fortalecimiento en paralelo de los grupos criminales y simultáneo debilitamiento de la Fuerza Pública. El que paga es el ciudadano, en especial el más débil y vulnerable.
El panorama es tenebroso. Entre mediados de 2022 y diciembre del año pasado, los grupos criminales han crecido exponencialmente en número de hombres. Entre todos, tienen 26.284 miembros, según las cifras son oficiales. Según la FIP es peor: 27.121 miembros tendrían los grupos violentos, un 23,5% más que en 2024.
La expansión territorial también ha sido enorme. Para fines del 2024, 71% de los municipios, 790, tenían presencia de grupos violentos. De esos, en 376 tienen fuerte influencia o control.
En paralelo, también crecen los homicidios. El 2025 cerró con 14.780 homicidios según Medicina Legal, un 6,3% más que 2024 y 10,8% más que al inicio del gobierno. Incluso con los datos del Ministerio de Defensa hay un deterioro: en 2025 aumentaron los homicidios de 13.497 a 13.726 y la tasa por 100.000 habitantes subió a 25,8.
El secuestro creció en 2024 un 133%, llegando a 651. La extorsión está disparada. El desplazamiento ha crecido un 85%. Y estamos inundados de coca y cocaína, sobre lo que no profundizo porque sobre ello he profundizado en otras columnas.
Con los antecedentes de Petro, es inevitable preguntarse si lo sucedido es solo resultado de la ingenuidad, la imprevisión y la incompetencia o si lo que ocurre es precisamente lo que buscaba esta izquierda extrema. El origen y la formación criminal de Petro, sus viejas relaciones con el narcotráfico, la financiación mafiosa de su campaña, los pactos con los bandidos en las cárceles para ganar la campaña, la ausencia absoluta de medidas correctivas y la persistencia en los “errores”, permiten pensar que no es un efecto indeseado sino un propósito buscado y querido.
El ciudadano debe tener la certeza de que sale en la mañana a trabajar y va a regresar al final de la jornada sano y salvo, íntegro, a su hogar, y con el fruto de su trabajo en el bolsillo.
Hay que acabar con esa práctica nefasta de dejar en impunidad a los bandidos si ellos hacen parte de los grupos criminales y, por supuesto, la más grave aún de premiarlos con beneficios económicos y políticos que no tenemos los que jamás hemos delinquido. Y hay que enviar el mensaje inequívoco de que quien delinque tendrá castigo.
Hay que recuperar la Fuerza Pública, destrozada por Petro. Devolver estabilidad al mando, restituir la moral de combate, desatarle las manos para que combatan a los bandidos, darle el presupuesto que necesita, reconstruir el sistema de inteligencia, restablecer la capacidad aérea y helicotransportada, fortalecer las fuerzas especiales, reconstruir los mecanismos de cooperación con la ciudadanía. No será fácil ni inmediato. No tenemos Plan Colombia y no sabemos con quienes se cuentan en las Fuerzas, infiltradas por los violentos. Pero no hay tampoco alternativa: sin seguridad no hay futuro.
