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El escándalo de esta semana es el ataque a la democracia que supone un estado de emergencia para implementar la reforma tributaria que rechazó el Congreso. El escandalito, la oscura colocación de $23 billones en deuda pública.
La colocación de $23 billones se hizo de manera directa a un inversionista privado cuyo nombre no se conoce. Se ha filtrado que el gobierno pagará una tasa de 13,15%. La operación rompe con la transparencia con que se había manejado la deuda colombiana, con subastas públicas, neutralidad y entregando la misma información a todos los actores al mismo tiempo. ¿Quién fue el beneficiado? ¿Por qué se pagó esa prima extraordinariamente alta? ¿Hubo intermediación con comisión de por medio?
La operación muestra que al Ministerio de Hacienda cada día le cuesta más trabajo colocar los bonos colombianos y tiene que pagar tasas más altas. Con Petro, llegó a $1.138 billones en septiembre de 2025, un 38,6% más que la de Duque.
Ahora, el peligroso aumento de la deuda solo refleja el problema de fondo: el déficit fiscal, 7,1%, el más alto de la historia. El gobierno gasta mucho más que lo que ingresa, y para cubrir la diferencia, que es cada vez mayor, se endeuda más y a un costo más alto. Si el presupuesto nacional en 2022 fue de $350,4 billones, el del próximo año es de $546,9.
Y acá el escándalo. Petro presentó al Congreso una nueva reforma tributaria para cobrar más impuestos que le permitan gastar aún más en funcionamiento, nómina y contratos de prestación de servicios. El funcionamiento ha crecido 74,1% durante Petro, la nómina aumentó de 1’318.729 servidores públicos en 2022 a 1’398.483 a agosto de este año, y solo en el primer semestre celebró 394.600 contratos de prestación de servicios, sin incluir SENA ni ICBF, que nos costaron $14,1 billones.
Los parlamentarios esperaban que el gobierno controlara el gasto y disminuyera el déficit y no le aprobaron la reforma. La ley dice que en esas circunstancias el gobierno debe aplazar o recortar el gasto presupuestal desfinanciado. Pero Petro decidió declarar un estado de emergencia para poner en marcha por decreto la tributaria rechazada. Quiere hacerlo, además, cuando las Cortes están de vacaciones, de manera que la Constitucional no pueda ejercer su control automático sobre los estados de excepción que ordena la Carta del 91.
No es solo un acto desleal. Es una trampa a la Constitución y a la separación de poderes. Está dentro de las competencias del Congreso no aprobar nuevos impuestos. Si negar una tributaria fuera causal para declarar una emergencia económica, como alega el gobierno, significaría que el Congreso siempre tendría que aprobar las reformas tributarias que le presente el gobierno. Lo que el gobierno quiere, una vez más, es implementar por decreto lo que el Congreso no le aprobó por ley.
Además, la emergencia económica está constituida para enfrentar hechos sobrevivientes y excepcionales, no sistémicos, previsibles y provocados por el mismo gobierno, como el déficit fiscal y el presupuesto desfinanciado.
Lo que la situación exige es austeridad y disciplina fiscal, reducir el gasto de nómina y los contratos de prestación de servicio, y dejar de meterle la mano al bolsillo a los colombianos, trabajadores y honestos, para derrochar el fruto de su esfuerzo en corrupción y en aceitar la maquinaria del Pacto Histórico para las elecciones, que son los afanes que mueven a Petro.
