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Bad Bunny tiene una canción que se llama Lo que le pasó a Hawaii. En ella plasma un sentimiento generalizado en Puerto Rico: el temor de que la isla deje de pertenecerle a los puertorriqueños y se convierta en un nuevo Hawaii—un paraíso tropical cuya principal función es ser destino de vacaciones para estadounidenses con dinero.
Sin proponérselo, la canción describe la experiencia de vivir bajo un modelo económico muy concreto, uno que yo llamo el modelo libanés, y sobre el que quiero hablarles hoy. Ese modelo tiene tres rasgos particulares.
El primero es una población que decrece y envejece. En Puerto Rico esto ha sido evidente por años. Desde el 2000, cuando la isla alcanzó cerca de 4 millones de habitantes, su población ha caído a cerca de 3.2 millones. Y no solo hay menos personas; las que quedan son más viejas. Puerto Rico se convirtió en una sociedad “superenvejecida”—como Japón, pero en la mitad del tiempo. Mientras Japón tardó veinte años en duplicar la proporción de mayores de 65 años, Puerto Rico lo hizo en diez. Esto producto de familias que tienen cada vez menos hijos y de más puertorriqueños que emigran—migración particularmente alta entre jóvenes y personas altamente productivas.
El segundo rasgo es una economía cada vez más orientada al consumo, en particular al de experiencias de corto plazo. La forma más inmediata de verlo en Puerto Rico es en el declive de la inversión. A finales de los noventa, durante el pico poblacional puertorriqueño, la inversión representaba cerca del 22% del PIB. Para los años previos a la pandemia era menor al 8%. Simultáneamente, el consumo pasó de algo menos del 55% del PIB a cerca del 77% en los últimos años.
La caída en la inversión viene acompañada por un cambio estructural profundo. Los sectores que generan empleos estables y trayectorias económicas de largo plazo pierden peso mientras se expanden las actividades estacionales. La manufactura puertorriqueña, que empleaba a cerca de 150 mil personas a finales de los noventa, hoy emplea a cerca de 80 mil. En ese mismo periodo, el turismo, la hospitalidad y la restauración pasaron de ocupar cerca de 50 mil personas a más de 100 mil.
El tercer rasgo del modelo libanés es una discusión pública que se aleja de la solución de problemas concretos y se concentra en grandes debates ideológicos. En Puerto Rico, el gran debate ha sido el estatus colonial de la isla—algo que está fuera del control del gobierno local. Esa discusión ha monopolizado la agenda pública, desconectando la competencia electoral del desempeño real de los gobiernos y dejando pocos incentivos para ofrecer bienes públicos de calidad. En la práctica, los políticos compiten mediante narrativas identitarias y gasto clientelista.
En conjunto, este modelo produce una sociedad enfrascada en las disputas del pasado, que intenta evadir la ansiedad que aquello genera volcándose en distracciones temporales que no contribuyen a la construcción del aparato productivo necesario para sostenerse en el largo plazo. Lo que resulta es una economía que, en los buenos años, parece integrada con éxito al mundo a través del turismo, pero que en los malos descubre que ha perdido buena parte de su capacidad de abastecerse a sí misma. El ejemplo más extremo de este modelo es el Líbano—de ahí su nombre—, donde la inoperancia del Estado y el colapso del aparato productivo han dejado un país que sobrevive ampliamente de las remesas de una diáspora que supera a su propia población local.
Pero mantengámonos en el contexto latinoamericano, en un caso menos obvio, pero igualmente inquietante: el colombiano.
En lo demográfico, la tasa de fecundidad ha colapsado en la última década, siendo hoy de apenas 1.06 hijos por mujer; sumado a una emigración neta de más de medio millón de personas anuales, las predicciones más recientes indican que el país comenzará a decrecer poblacionalmente la próxima década, treinta años antes de lo que se proyectaba antes de la pandemia. En lo económico, el magro crecimiento de los últimos cuatro años ha sido impulsado casi enteramente por consumo y gasto público, pues la inversión ha caído al nivel más bajo en dos décadas. Y mientras el turismo alcanza máximos históricos, representando cerca del 5.1% del PIB, la manufactura ha acelerado su declive, llegando a mínimos históricos, inferiores 10% del PIB.
Ante este cuadro, el gobierno no responde con reformas que fortalezcan la capacidad productiva, sino con el mayor déficit fiscal de la historia reciente, aumentando la carga tributaria sobre las empresas y proponiendo un sistema pensional de reparto en el que cada vez menos trabajadores jóvenes deberán sostener a una población más envejecida. Esta respuesta, aparentemente ilógica, no debería sorprender a quien entiende que el debate público está capturado por las disputas narrativas del pasado—en particular, la asignación de culpas en la violencia de finales del siglo pasado y comienzos del actual. Al electorado parece importarle poco la ejecución del gobierno; lo que desea son figuras que articulen narrativas sobre los orígenes de esa violencia, lo que convierte al país en terreno fértil para la política cortoplacista y clientelar.
Aunque todos estos rasgos se han agudizado en los últimos cuatro años, sería un error responsabilizar de ello únicamente al gobierno actual. Son un conjunto de fuerzas de largo plazo ignoradas por todo el espectro ideológico. Y en medio de esa ceguera se está construyendo un sendero cuyo único destino será una vulnerabilidad que la siguiente generación de colombianos expresará como Bad Bunny lo hace hoy, como un lamento de una tierra hermosa que solo podrá ser disfrutada por extranjeros ricos.
