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La incertidumbre que este gobierno ha generado en torno a la inviabilidad del actual sistema de salud ha afectado la confianza entre sus actores y ha deteriorado la prestación de servicios. Al no lograr convencer acerca de la bondad de su reforma basada en caprichos ideológicos, se ha dedicado a fabricar una crisis financiera para poder acabarlo y reemplazarlo por su pretendido control público.
Pero no podemos quedarnos en la indignación que genera la idea del actual gobierno de refundar el sistema de salud desconociendo sus logros en materia institucional, de salud de la población y de infraestructura del sector, proponiendo cambiarlo por algo que no ha podido explicar con suficiencia cuáles serían sus ventajas sobre lo existente.
Hay que pasar a la proposición que detalle qué es lo que hay que hacer para resolver sus graves falencias que no se pueden desconocer y que no aparecieron recientemente. Se han venido acumulando sin haber sido resueltas durante los últimos diez años, lo que requiere cambios que en ninguno de los proyectos de reforma alternativos se abordan de fondo.
Existen varios aspectos a resolver en los cuales existe consenso, que en su mayoría no necesitarían nuevas leyes, como son por ejemplo el sistema unificado de información, el fortalecimiento de la red pública en especial en las zonas rurales, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y el desarrollo de esquemas alternativos de atención para las zonas rurales.
Pero mientras el eje central del sistema siga siendo pagar por la cantidad de servicios que consume un enfermo, ofrecidos por miles de prestadores dispersos en lo que importa más el dinero que el paciente, y no por los resultados integrales en salud y satisfacción, no habrá plata que alcance ni un cambio substancial que lo resuelva.
Pagar por resultados en salud no es cambiar el método de pago ni crear incentivos para alcanzarlos. Exige hacer un manejo más preciso del riesgo poblacional mediante grupos afines por patologías o riesgos para ser atendidos integralmente mediante redes especializadas de proveedores, contratadas por plazos más largos que generen incentivos para hacer promoción y prevención, lo que hoy no es posible con los acuerdos a un año.
Hay que avanzar hacia los pagos globales prospectivos basados en la meta de recuperar y mantener la salud de la población que superen el culto a la factura, a la autorización y a la remisión, que además de costosas han demostrado su ineficacia para controlar el gasto desmedido en los servicios, pero que en cambio generan insatisfacción y retrasos en el proceso de atención y el pago a los prestadores.
Los problemas que aquejan al sector requieren reconstruir la confianza perdida entre sus actores como primer paso para lograr consensos sin los que cualquier reforma será inviable. El escenario en el que cada uno siga por su lado defendiendo sus propios intereses, no conducirá a resolver los problemas actuales.
