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Si la Justicia, como mujer que es en su alegoría, se quitara la venda, sentiría vergüenza al descubrir el trato que en su nombre reciben las mujeres más vulnerables en Colombia.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, asevera: “El reto es ver si esta sociedad puede comenzar a pensar en que el perdón es más saludable que la venganza, que la justicia no tiene que ver necesariamente con castigo, sino con reconciliación”. El primer filtro de esta promesa es el de género.
El aumento de penas por delitos menores de drogas (como microtráfico) ha afectado a las mujeres de forma desproporcionada; según Dejusticia, entre 1991 y 2015 la población de privadas de la libertad se multiplicó por 5,5 veces. La de hombres solo aumentó en 2,9.
Si el confinamiento fue despiadado con el empleo femenino, la reactivación tampoco ha sido generosa. “Un grupo doblemente golpeado por la pandemia fue el de las mujeres jóvenes: el desempleo es alto para ellas, y los obstáculos para ingresar al mercado laboral, aún mayores. Hay obstáculos sobre todo para las madres, pues la legislación y la cultura retrógrada aún se mantienen”, concluyen los académicos Tatiana Gélvez y Mateo Zapata en Razón Pública (24/04/2022, https://bit.ly/3KfxjLo).
La Corte Constitucional avaló lo que podríamos considerar un “laboratorio de política criminal”: en 2020, el Congreso aprobó un proyecto promovido por Rodrigo Lara, que busca disminuir el hacinamiento carcelario y la violación de los derechos de las reclusas.
Las mujeres cabeza de hogar procesadas o condenadas por delitos leves pueden recibir una sanción alternativa a la pena intramural o domiciliaria. ¿Cómo puede cuidar (en el sentido físico y espiritual) a sus hijos una madre tras las rejas o encerrada en una casa? ¿Acaso cumplir servicios comunitarios no sería una verdadera reparación del daño hecho a la sociedad?
El estudio Mujeres y prisión en Colombia (2018), realizado por la Cruz Roja y la Pontificia Universidad Javeriana, mostró que un 85 % de las entrevistadas privadas de la libertad son madres, y 75 % cabeza de hogar. La mayoría son jóvenes pobres con bajos niveles de escolaridad. Un 53,4 % afirmó haber delinquido para encontrar sustento para ellas o sus familias.
Son mujeres sin antecedentes judiciales, que no apelaron a la violencia: eslabones débiles de la cadena criminal. ¿“Serán instrumentalizadas por las organizaciones criminales”? Es probable. Como también lo es que una visión más humanista y menos punitiva no solo descongestione, sino que dignifique a la población carcelaria.
Esta ley puede ser el principio de una transformación cultural, pero para lograrlo requiere del compromiso social de la ciudadanía y, en especial, de los empresarios (empleos dignos como redención).
¿Construir más cárceles o poner en marcha propuestas culturales y académicas para la población carcelaria? ¿Quién dice “yo me apunto” para compartir mis conocimientos o habilidades en una cárcel?
Las fórmulas aplicadas hasta ahora han sido tan crueles como ineficaces: la Justicia no puede limitarse a la negación del ser humano