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Esta semana tres de las principales EPS (Sura, Compensar y Sanitas) dieron a conocer el difícil panorama financiero que viven, señalando que para septiembre tendrán problemas para garantizar servicios a sus 13 millones afiliados. La carta es un llamado de urgencia al gobierno, a los organismos de control, a las cortes y a la opinión pública que permite anticipar la profundidad de la crisis que podría desatarse de no actuar de forma oportuna.
Las repuestas oficiales son a primera vista desconcertantes: el Presidente sostiene que la plata es suficiente, sin argumentos técnicos sólidos; y el Ministro, que están armando una “tormenta en un vaso de agua”. A renglón seguido anuncia que tiene los recursos, pero que no se los dará a las EPS y que en caso dado, la Adres les pagará a clínicas y hospitales las atenciones de estos 13 millones de usuarios, a sabiendas que la solución no es viable por razones jurídicas y prácticas.
En el fondo, lo que propone el ministro Jaramillo es que se implemente por la puerta de atrás la reforma a la salud que no han logrado aprobar en el Congreso y que la mayoría de los ciudadanos rechazamos. Sin marco legal, pretenden imponer su reforma a las buenas o las malas: a medida que las EPS vayan colapsando por cuenta de la falta de recursos, el Estado irá asumiendo las funciones sin contar con la capacidad para hacerlo. Es muy posible, como lo han advertido los expertos, que esto termine en una crisis generalizada del Sistema de Salud, o dicho en las palabras presidenciales, que el “efecto dominó” de la quiebra de unas EPS impacte a las demás para que corran igual suerte.
La quiebra de las EPS suena como un buen telón de fondo para la declaratoria de una emergencia económica y social, lo que permitiría al gobierno expedir vía decreto la reforma Corcho-Jaramillo. Cabe recordar que este camino ya lo vivimos. En un contexto completamente diferente, el gobierno Uribe decretó en 2009 una emergencia para resolver problemas de financiamiento del sector salud. En 2010, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-252 tumbó la emergencia y los decretos señalando que “no logró demostrarse la presencia de hechos sobrevinientes ni extraordinarios (presupuesto fáctico); si bien la situación reviste gravedad no resulta inminente (presupuesto valorativo); y el Gobierno dispone de medios ordinarios para enfrentar la problemática que expone en salud (juicio de suficiencia)”.
Las alertas sobre la falta de recursos llevan tiempo sonando, el gobierno desaprovechó la adición presupuestal del pasado mes de julio para mitigar el problema, pese a las proposiciones de varios congresistas. Con este precedente, vale la pena pensar dos veces antes de lanzarse por esta vía como un plan alterno para sacar adelante la infortunada reforma. El Ministerio de Hacienda y el DNP deben tomar un rol activo en conjurar una crisis que puede cobrar muchas vidas. La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2024 es pieza clave para salvar nuestro Sistema de Salud y garantizar los recursos para el aseguramiento de 50 millones de colombianos y migrantes.
PD. ¿Qué pasó con los $2 billones de la adición presupuestal? Un buen punto de partida sería inyectar estos recursos al Sistema de Salud.
