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Para los prestamistas, ya sean bancos u otro tipo de agentes económicos que otorgan créditos, muchas veces es difícil obtener la información para evaluar la capacidad de pago de sus clientes potenciales. Los altos costos relativos de un examen personalizado, sobre todo si se trata de préstamos muy pequeños, puede llevar a que los prestamistas decidan no arriesgar su dinero y negar el crédito. El temor más grande que los ronda es que un cliente potencial solicite múltiples préstamos y, finalmente, no los pueda pagar.
Los economistas llaman a esta situación un problema de información asimétrica, en el que solo el interesado en el préstamo conoce realmente su situación financiera. Aunque se trata de una problemática mundial, es en las economías en desarrollo donde la situación es más complicada, ya que en esos países la mayor parte de la población trabaja en el sector informal, en su propio negocio o explotación agrícola, gerenciando pequeños negocios o trabajando como prestadores de servicios. En la mayoría de esos casos no existe forma de demostrar ingresos regulares y, adicionalmente, los hogares pobres no tienen un colateral para garantizar un préstamo.
Esas características pueden llevar a que se restrinja el acceso al crédito, uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo económico, con connotaciones negativas para los hogares urbanos y rurales, y los pequeños y medianos empresarios. Con esto se puede configurar una situación en que la falta de crédito profundice la pobreza.
Una solución al problema es la creación de empresas que proveen el servicio de recopilar y difundir la información acerca del comportamiento crediticio de hogares y firmas. Con esto se cumplen dos propósitos: al tiempo que se protege a los prestamistas también se fortalecen los mercados de crédito. En la práctica, muchas veces la ausencia de una garantía física puede ser complementada con una garantía reputacional. De esa forma, los proveedores de los reportes de crédito pueden reducir la asimetría de información y reducir los préstamos en mora, con la cual las tasas de interés pueden moderarse, la competencia puede ser mayor y, en definitiva, puede mejorarse el acceso al crédito.
Las virtudes de las llamadas centrales de información no parece que las hayan entendido algunos legisladores colombianos. Como se sabe, el Senado aprobó recientemente el proyecto de ley que modifica la Ley de Habeas Data. El argumento es darles una segunda oportunidad a “los colombianos de bien”, y para esto se está cambiando de forma peligrosa la legislación. El tema da réditos políticos porque para las personas con mala reputación crediticia, numerosos en nuestra economía, nada más atractivo que ofrecerles borrón y cuenta nueva. Sin embargo, al final de cuentas, es que el crédito va a restringirse ante el resurgimiento de la asimetría de información. Aunque es cierto que hay que hacer ajustes, por ejemplo, al tratamiento de las suplantaciones de identidad, lo que ocurrirá con la reforma es que los prestamistas aplicarán el adagio popular que reza “ante la duda abstente”.