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En febrero de 2024, Datexco Company S.A., en la encuesta Opinómetro, preguntó a los colombianos: “¿Usted cree que hay una ruptura institucional o no?”. El 63% de los consultados respondieron afirmativamente.
Por esa época, Petro empleaba en forma recurrente dicha expresión para referirse a los supuestos ataques de los que él y su gobierno estaban siendo víctimas, como parte de un “golpe blando” que pretendía sacarlo anticipadamente del poder. Aludía de esa manera, entre otras cosas, a la judicialización de su hijo Nicolás, al que públicamente negó haber criado; a la suspensión del Canciller Álvaro Leyva por las irregularidades en el proceso de contratación de los pasaportes; a la nulidad de varias de sus nombramientos en cargos diplomáticos por incumplimiento de requisitos, por parte del Consejo de Estado; a la ‘demora’ en la elección del Fiscal General de la Nación; a las investigaciones en contra de su campaña presidencial por violación de topes y financiamiento ilegal, a los que se refirió grotescamente su ahora Ministro del Interior, Armando Benedetti; y a la develación de los primeros escándalos de corrupción de una larga lista que aún se escribe.
Hasta ese momento, sus mayorías en el Congreso le habían aprobado varias iniciativas, a pesar de lo nocivas, como la reforma tributaria, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Paz Total; y avanzaban sin contratiempos la reforma pensional, el Plan Nacional de Desarrollo y la reglamentación de la Jurisdicción Agraria; a pesar de los escándalos sobre compra de votos en el parlamento por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional del Ahorro.
Pero el último año, Petro ha tensado la relación con el Congreso, especialmente con el Senado, a un nivel sin precedentes; los ataques a las Comisiones Económicas que hundieron la Ley de Financiamiento y a la Comisión Séptima que se ha resistido a aprobar las reformas a la salud y la laboral, constituyen una grave amenaza a la independencia y el equilibrio de poderes, y a la seguridad física de los legisladores y sus familias.
Nunca antes en la historia del País, un Presidente del Congreso había siquiera considerado la necesidad de acudir a instancias internacionales para salvaguardar la independencia del Parlamento colombiano; como lo tuvo que anunciar en días pasados, ante el sistemático hostigamiento de Petro, el Senador Efraín Cepeda, quien recurriría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en procura de protección y salvaguarda a la democracia. Nada podía ser más grave y vergonzoso.
La constante reivindicación del denominado “estallido social” de 2021 y el llamado a reeditar la violencia, el vandalismo y el terrorismo que impusieron en las ciudades, suponen un riesgo para nuestra democracia y conllevan a una ruptura institucional imposible de revertir en medio del clima de polarización y de odio de clases que Petro ha promovido durante todo su Gobierno.
Petro sabía y quería que la confrontación institucional escalara, para volver a tomarse las calles y poner en suspenso de facto los poderes públicos que le hacen contrapeso. Ayer, desde una Plaza de Bolívar que no logró llenar, afirmó que como supuestamente el Congreso le estaba dando la espalda al pueblo, había que sacarlo, porque no servía y no le servía al pueblo. Estamos notificados, van a tratar de imponer su modelo y sus reformas por cualquier vía.
