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Columnistas | PUBLICADO EL 09 febrero 2023
¡Pa fuera, pa la calle!
Muchos se llevan las manos a la cabeza y creen que se disparará la inseguridad en las ciudades si se mantienen los planes de reforma del sistema penal colombiano:
Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es
Petro propone vender la paz barata. No esperábamos menos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explica allá donde le ponen un micro sus polémicos planes de reforma de la ley penitenciaria para “humanizar la política criminal” y plantea ocho años de prisión como “tabla rasa” para que los sospechosos de narcotráfico se acojan a la denominada “paz total” con la que se pretende “pacificar” el país.
Osuna defiende que “esa pena de ocho años fue la misma que se acordó con los grupos paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para los integrantes de esos grupos ilegales la pena era efectiva de prisión”.
También en la negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el expresidente Juan Manuel Santos pactó cumplir ocho años, aunque no de cárcel, sino de “restricciones efectivas de libertades y derechos”. La diferencia es que muchos de esos narcos se han llevado de una tacada a la tumba a miles de jóvenes.
Osuna remarca que el objetivo es garantizar el desmantelamiento de esas redes criminales “hasta el punto que el narcotráfico deje de ser las amenazas de convivencia que ha sido para los colombianos en los últimos años”. “Esa es la finalidad, esa es la meta, que podamos vivir en una Colombia sin la amenaza del narcotráfico”, dice.
Los criminales podrían acogerse a esta rebaja de penas a cambio del desmantelamiento de la banda, es decir, la entrega de información sobre las rutas, sobre la forma en que se hace el negocio, entrega de bienes y aceptación de responsabilidad penal. Mientras muchos, como la alcaldesa de Bogotá, se llevan las manos a la cabeza y creen que se disparará la inseguridad en las ciudades si se mantienen los planes de reforma del sistema penal, el ministro asegura que no se van a crear beneficios adicionales a los que hay en la ley sino favorecer la “resocialización” dentro de la cárcel. Los subrogados penitenciarios se administrarán para lograr que los condenados vayan saliendo a la calle a medida que cumplen su proceso de “buen comportamiento”. En esencia: más beneficios para los presos. Y más para los narcos que acepten esos ocho años o los que finalmente sean, ya que también podrán acogerse en el futuro a esos beneficios que se pretenden aprobar. Hay que tener mucho cuidado con las reformas que la izquierda saca adelante porque tienen mucho peligro. Les pondré el ejemplo de la reforma del Código Penal para las penas de agresión sexual que aprobó hace nada la coalición de gobierno social-comunista en España. En concreto, fue el Ministerio de Igualdad que llevan los pro-chavistas de Podemos los que sacaron adelante, pese a las advertencias de la Magistratura, la “súper-feminista” ley denominada “solo sí es sí”, que ha dado con la rebaja de penas y excarcelación de hasta 400 violadores y agresores sexuales. Por ahora. Tal es la situación, que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ante el desgaste electoral que le supone la excarcelación casi diaria de violadores, haya decidido reformar la reformada ley que hasta hace dos días defendía como pionera y ejemplo para todo el mundo civilizado. Ojo a la chapuza de los bolivarianos españoles y de Sánchez, porque la reforma y la paz del tándem Petro-Osuna lleva el mismo camino. Al tiempo.
