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Por Azucena Restrepo *
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Nuestro sistema de salud es uno de los mayores logros sociales de Colombia y constituye hoy una garantía para superar este difícil momento histórico. Este sistema proviene de la Constitución de 1991, que consagra los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la dignidad humana y el derecho económico y social a la salud. Con fundamento en estos derechos, la Ley 100 de 1993 creó y reguló el sistema de salud que hoy sigue vigente y luego la Corte Constitucional reconoció que la salud era un derecho fundamental autónomo de los colombianos (sentencias T-016 de 2007 y T-760 de 2008), como lo hizo también la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
¿Por qué se habla entonces de la crisis del sistema de salud? Porque a pesar de estos avances jurídicos, el sistema enfrenta grandes retos en cuanto a su sostenibilidad financiera y su capacidad para garantizar la prestación del servicio, especialmente en la ruralidad. También ha padecido históricamente la debilidad institucional de sus principales actores. Esto ha propiciado la quiebra y liquidación de importantes empresas administradoras de recursos, como la EPS privada Saludcoop y la EPS estatal Caprecom, que dejaron enormes deudas.
La crisis de sostenibilidad financiera se debe en parte al alza de los costos, pero principalmente a que el sistema está soportado en las contribuciones que hace el empleo formal (régimen contributivo). Sin embargo, el país no ha logrado formalizar el empleo desde la expedición de la Ley 100 en 1993 y hay un 47,6% de empleo informal que no aporta al sistema. Esta población empleada informalmente y la población de menor ingreso se afilian al régimen subsidiado, cuyo mayor financiador son los Departamentos a través de sus rentas propias de licores, tabaco y juegos de azar, que son insuficientes y exigen cada vez más participación de la Nación. La deficiencia de recursos causa retraso en los pagos a los hospitales y clínicas, a las que hoy se les deben más de $10 billones.
A pesar de sus grandes retos, nuestro sistema de salud ha tenido logros históricos y está mejor preparado que muchos en el mundo para enfrentar la pandemia del covid-19. Esta confianza se basa en la afiliación universal y en la calidad de nuestros hospitales y clínicas. El 95,8 % de la población del país está afiliada al sistema de salud (22,4 millones en el régimen contributivo, 23,8 millones en el régimen subsidiado y 2,2 millones en regímenes especiales, como las fuerzas armadas y el magisterio). Esto supone que cada una de las personas tiene una EPS a cargo de la gestión de su salud y de sus gastos básicos. En Antioquia la atención de la pandemia ha sido sobresaliente gracias principalmente a los servicios de EPS Sura, calificada como la mejor EPS del país, de Savia Salud, que cuenta con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, y de Nueva EPS, también excelente EPS.
Por su parte, la fortaleza de nuestros hospitales y clínicas también ha sido clave en la atención de la pandemia. Siete de los principales hospitales del país hacen parte de los 16 mejores de Latinoamérica. En Antioquia, los hospitales Pablo Tobón Uribe y San Vicente Fundación están entre ellos, y constituyen uno de nuestros mayores activos sociales. Su sostenibilidad es una gran responsabilidad social y será motivo de otra columna.
* Presidenta Ejecutiva
Proantioquia