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Si la mitad de las utilidades anuales que generan las Epm por la prestación de los servicios públicos domiciliares, y en particular los atinentes a la venta de energía y suministro de agua potable, se le transfirieran a los pueblos donde “caen los aguaceros que se transforman en energía”, otra sería su situación social y económica, porque por el uso de ese recurso solo les “conceden” un mísero 1.5 % de las ventas brutas; situación que contrasta con el dinero que a manos llenas, le transfieren a la capital Medellín: $5.500 millones diarios recibió de Epm en el 2022; mientras El Peñol por ejemplo, solo recibió $ 11.
Y todo ello por efecto de una injusta ley: la 99/93, sin que las fuerzas políticas de Antioquia en el Congreso, en justicia con las regiones dueñas del recurso hídrico, la hubiesen objetado.
Acorde con la información suministrada por Planeación Departamental, el 16% de los municipios de Antioquia tuvo una ejecución presupuestal inferior a $20.000 millones; o sea, el equivalente a 4 días de las transferencias a la capital.
Si ese porcentaje de utilidades, se hubiese invertido durante los 30 años que lleva en vigor esa ley en construir y pavimentar carreteras terciarias, uniendo pueblos y regiones del departamento, generando empleo, desarrollo, educación para el trabajo, etc., de paso se habría atenuado la migración del campo a la ciudad y disminuido un poco los cinturones de miseria.
Y otro sería el estado de las finanzas del otrora establecimiento autónomo EE.PP. de Medellín, el que nunca pagó impuestos ni transfirió un solo peso al presupuesto municipal; cuando las tarifas no estaban reguladas por ninguna comisión del gobierno central. Pero apareció ese modelo neoliberal que modificó su estructura con las perversas leyes del sector eléctrico, las 142 y143 del 94.
Así, también la Dian le echó mano a la nueva Epm; pues convertida ya en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, la obligó, como cualquier empresa a mostrar sus balances y el estado del P y G, y ya sujeta al régimen privado, pagar al gobierno central impuestos sobre la Renta y complementarios que, según reciente informe de Epm, en 10 años le ha girado la “frisolera” de $3.22 billones, $111.294 millones por la “ supuesta riqueza” y otro más de $ 149.327 millones por el impuesto al Patrimonio.
Razones para concluir que la deuda social con la región sigue vigente: hay que retribuir a los pueblos donde caen los aguaceros, donde son almacenados en los embalses; en las tierras que antes se ocupaban en la agricultura y que luego se turbinan para generar la energía que mueve la economía del país.
Una deuda por cancelar que ayudaría a nivelar un poco la ausencia de oportunidades, desarrollar armónicamente las regiones según su vocación económica y lograr una justicia redistributiva que permita neutralizar la migración a la ciudad, generar fuentes de empleo, construir centros educativos tecnológicos de formación para el trabajo... Y al final nos preguntemos: ¿Cuáles son los beneficios que en materia tarifaria recibe Antioquia tras haber batallado y construido con tenacidad 25 centrales durante un siglo de esfuerzos?
