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Hace ya 5 meses que Carlos Carrillo es el director de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD. Su desempeño ha estado marcado mucho más por sus salidas mediáticas hablando de la grave corrupción de la entidad (lo cual es palmario, pero no es esa la función central del director) que por la ejecución real de la entidad que maneja las emergencias graves del país con un abultado presupuesto.
Y ahí va. Según el contralor Carlos Rodríguez, entre enero y julio de este año la UNGRD ha ejecutado menos del 1% del presupuesto; además, no gastaron $2,1 billones de 2023. El contralor, que no es propiamente un opositor del gobierno, afirma que es preocupante que Carrillo haya terminado anticipadamente varios contratos como en Mocoa y Piojó (Atlántico) y no ha logrado solucionar el boquete del Río Cauca en ‘Caregato’, La Mojana.
Y en medio de la persecución que desató contra todo lo que oliera a Olmedo López en la entidad, Carrillo echó a la secretaria general, Ana María Castaño pese a su estado de embarazo previo. Y motivó el despido (las insubsistencias no se motivan) en una sentencia de la Corte Constitucional que no tiene relación con funcionarias embarazadas.
Más aún, dijo que Castaño estaba “supuestamente embarazada” pese a que un juez de tutela ya había ordenado reintegrarla por su condición. “¿Y qué me dicen de la señora secretaria general que afirma estar embarazada?, yo tengo serias dudas, ajá pa que vean; si tuviera que volverla a firmar (la insubsistencia) la volvería a firmar”; lo dijo en el programa La Luciérnaga el 14 de mayo. Pues una semana antes de esa entrevista Castaño había perdido el bebé que esperaba; ella lo notificó tanto al juez de tutela como a Carrillo el 11 de junio, adjuntando ecografías, otros exámenes médicos e incapacidades (tengo las copias). En el documento, Castaño le dice a Carrillo: “No pude tener un embarazo tranquilo, puesto que sus calumnias constantes y continuas afectaron mi estado de ánimo, lo que repercutió en mi salud mental y física, acabando con la vida que se gestaba dentro de mí”.
Alegando que cumplía la orden judicial, Carrillo – con el visto bueno de Función Pública – decidió crear un cargo “transitorio” de asesor (innecesario) exclusivamente para ella, con alto sueldo; la exsecretaria no aceptó y le pidió al juez declarar que eso no cumple la orden. El juez le dio la razón y notificó a Carrillo del desacato.
Pero a Carrillo poco o nada la importa que la entidad derroche en puestos vacíos; varios contratistas me dicen que reciben sus altos honorarios en la UNGRD, pese a que no hacen nada, pero que no se debe a que ellos no quieran trabajar, es que Carrillo decidió que no pueden entrar a las oficinas ni hacer algo remoto, pese a que solicitan que les asignen las tareas señaladas en sus contratos.
Quienes le conocen no dudan de que Carrillo es honesto. El problema es que su ignorancia sobre la administración del Estado y su terquedad ideológica son tan largas como su barba.
