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Mientras una obra energética de escala nacional aparece por primera vez en el radar de estructuras criminales que ya han incorporado drones a su repertorio de intimidación y ataque, el presidente de la República dedica su atención a vigilar el nivel de los embalses desde su cuenta de Twitter. Esa es, hoy, la imagen más precisa del debate energético colombiano.
Durante la última semana las autoridades de Antioquia confirmaron varios sobrevuelos de drones sobre Hidroituango. Algunos de esos aparatos fueron detectados directamente encima de la subestación eléctrica del complejo, el punto donde convergen las líneas que conectan la central con la red de transmisión nacional.
Que dispositivos de ese tipo aparezcan sobre Hidroituango desplaza la discusión desde la simple vigilancia perimetral hacia el terreno del orden público, donde una infraestructura de un proyecto comienza a cruzarse con organizaciones armadas que ensayan nuevas formas de aproximarse a instalaciones estratégicas. La estabilidad energética de Colombia depende, en buena medida, de la continuidad de esa operación, de modo que cualquier señal de interés por parte de estructuras armadas supera el ámbito regional y entra directamente en el terreno de la seguridad nacional.
En medio de ese escenario, Petro intervino en el debate desde su cuenta de Twitter. En un trino reciente escribió que “el que se tengan embalses llenos, pero no se genere el 100% de energía es una acción de especulación para pegar las tarifas al precio del gas importado por un monopolio privado. Es una estafa a Colombia”. Las hidroeléctricas que sostienen el suministro del país aparecen así convertidas en timadoras justo cuando una de las principales centrales del sistema empieza a figurar en el radar de organizaciones armadas.
Quienes coordinan la generación trabajan con modelos hidrológicos que integran registros históricos de lluvia, proyecciones climáticas y estimaciones de consumo para decidir cuándo almacenar agua para que las descargas controladas permitan amortiguar crecientes río abajo. Ese tipo de decisiones no obedece a caprichos empresariales sino a procedimientos acumulados en décadas de ingeniería y gestión del riesgo.
Los precios mayoristas emergen de subastas y contratos que siguen metodologías públicas. Bajo ese entramado, la conspiración hidráulica que denuncia el presidente se parece menos a una hipótesis económica que a una ocurrencia lanzada desde su tribuna digital; por otro lado, aparecen ingenieros concentrados en impedir que artefactos armados se acerquen a la presa del proyecto. La escena muestra hasta qué punto el debate energético colombiano ha terminado dividido entre quienes gestionan riesgos reales y quien prefiere interpretar gráficos de embalses.
Hidroituango requiere algo más elemental que sospechas difundidas en redes sociales. La central demanda protección efectiva, coordinación entre autoridades civiles y una fuerza pública sostenida con criterios de inteligencia. Cuando ese terreno se sustituye por insinuaciones presidenciales, la infraestructura que sostiene el suministro nacional queda rodeada por dos presiones distintas: la de organizaciones armadas que experimentan con drones y la de una retórica política que trivializa el funcionamiento de uno de los sectores más complejos del país.
