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Soy defensor de las salidas negociadas al conflicto colombiano. Lo fui durante los diálogos de La Habana y lo sigo siendo hoy. Creo que ninguna guerra irregular termina únicamente con victorias militares, y que Colombia necesita construir institucionalidad en los territorios donde el Estado ha sido una promesa incumplida por generaciones. Lo digo para que quede claro de dónde viene esta columna: no de quien nunca creyó en la paz o es puramente guerrerista, sino de quien exige que la paz sea real, verificable y poniendo a las víctimas en el centro.
La Paz Total no cumple con nada de esto.
El fin de semana del 25 de abril quedará como una de las fechas más sombrías del gobierno Petro. Más de 26 atentados en 48 horas en el suroccidente colombiano. Una masacre en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca, con 19 muertos y 48 heridos —pasajeros comunes atrapados por un cilindro bomba de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Un bus bomba frente al Batallón Pichincha en Cali. Drones explosivos en Palmira y Jamundí. Indepaz lo catalogó como la masacre número 47 del año, en lo que ya es el primer trimestre más violento de la última década.
El mismo fin de semana, el New York Times publicó un reportaje del fotoperiodista Federico Ríos que ilustra con precisión quirúrgica el estado de nuestra institucionalidad. Una mina de oro ilegal llamada La Mandinga, controlada por el Clan del Golfo, operaba dentro del perímetro del Batallón Rifles 31 en Caucasia, Antioquia. Ríos tuvo que llevar personalmente al coronel comandante a ver con sus propios ojos lo que ocurría en su propio batallón. Cuando los militares intentaron intervenir, los mineros los enfrentaron con machetes y gasolina rociada. Dentro de una base militar. El coronel dijo estar “sorprendido”.
Una negociación de paz seria tiene método. Tiene agenda pública y verificable. Tiene cronogramas, ceses monitoreados y veeduría internacional con capacidad real de seguimiento. Tiene claridad sobre con quién se negocia qué, bajo qué condiciones y con qué consecuencias ante el incumplimiento. El proceso de La Habana, con todos sus defectos, tenía eso. La Paz Total no tiene nada. Cuatro años después de su lanzamiento, no sabemos qué se ha acordado, con qué grupos ni con qué garantías. Lo que sí vemos es grupos armados que negocian con el gobierno de día y masacran civiles de noche, y una fuerza pública que perdió autoridad moral e iniciativa operacional en nombre de una paz que nadie puede mostrar.
Una negociación sin método no es una negociación. Es una capitulación administrada. Y todo esto ocurre a días de las elecciones presidenciales. La escalada no es accidental: la violencia en período electoral es un mensaje político que demuestra que el Estado no controla el territorio y que el miedo puede más que el voto. Colombia merece una paz real. Una con agenda, con verificación, con consecuencias. No una que le pida a las víctimas confundir el silencio del Estado con la ausencia de guerra.
